25 de noviembre de 2019
25.11.2019

La apertura de expediente a 15 comuneros abre otro cisma en los montes de Cabral

El conflicto por la titularidad de varios terrenos en la zona de Peinador contamina el clima de la asamblea extraordinaria -La sesión ratifica el convenio con el Aero Club, aún judicializado

25.11.2019 | 02:19
Una sesión bronca con carteles contra la junta | "Róubanme a casa e bóntame de comuneiro", "hoxe son eu, mañá serás ti". Con estos carteles, algunos comuneros presentes en la asamblea celebrada en el Ifevi protestaron contra la gestión de la junta rectora, y particularmente, contra el expediente abierto a 15 miembros. Mientras Rodríguez, presidente, lamenta que los críticos se dedican "a llevarnos a los juzgados" y "calumniarnos", Molares, de los críticos, denunció ayer "insultos desde la mesa" o turnos de palabra no concedidos.

Afloraron de nuevo la tensión y las discrepancias en la comunidad de montes de Cabral. La asamblea extraordinaria celebrada ayer puso de relieve lo alejadas que están las posturas entre el equipo rector encabezado por Luís Rodríguez y el sector crítico, más aún tras la notificación de apertura de expediente contra 15 comuneros y el conflicto por la titularidad de varios terrenos en Peinador que la directiva reclama como propios de la entidad, ante la oposición rotunda de los afectados. "Hubo movida, como siempre, pero con los mismos resultados de siempre", resaltó Rodríguez, poniendo por delante el sí de la asamblea (más de 600 asistentes) a, entre otros asuntos, la ratificación del convenio con el Aero Club, todavía en manos de la justicia. "Es algo que ya se escapa de la normalidad, si nadie pone coto a lo que está ocurriendo, es posible que tengamos malas noticias", advierte Fernando Molares, de los críticos.

La mecha que volvió a prender los enfrentamientos fue el envío de una carta a varios vecinos de las proximidades del aeropuerto en la que se advertía que sus terrenos invadían propiedades consideradas por la junta rectora como monte comunal. Los críticos creen que la maniobra -que hasta obligó a intervenir a la Policía en un altercado por unos desbroces, la pasada semana- es "selectiva". "A otros vecinos no se les notifica", denuncia Molares, quien además de atribuir a ello la apertura de los expedientes, también lamenta que muchos de los damnificados, al no ser comuneros, no tienen voz en la asamblea (aunque sí se han constituido en plataforma). Rodríguez ha eludido comentar la causa que motiva la sanción contra los 15 comuneros, más allá de insistir en que "a veces los que más protestan son los que menos razón tienen".

Junto a la carta a los propietarios, la junta rectora informó por otro lado del envío de otras misivas a un grupo de empresas del parque de Cotogrande para exigir, como parte de la comunidad, los solares que ocupan, y en consecuencia, llegar a un "arreglo" en los arrendamientos "sin necesidad de llegar a los juzgados". Rodríguez asegura que en conjunto suponen más de 20.000 metros cuadrados (m?2;) de terreno comunal.

Otro de los asuntos que enfrentan internamente a la comunidad, y que ayer volvió a emerger, es el convenio con el Real Aero Club de Vigo. Y viene de lejos. Las conversaciones para renovar el pacto a 30 años se prolongaron durante meses, hasta que fraguó un entendimiento entre ambas partes para subir progresivamente la cuantía del arrendamiento desde los 40.000 euros anuales hasta los 150.000. El acercamiento, sin embargo, encalló en los tribunales. En 2018 los juzgados de Vigo lo tumbaron al no ser respaldado -en segunda convocatoria- por un 30% de los comuneros. En junio, la Audiencia provincial ratificó el fallo, y pese a que el caso todavía está pendiente del posicionamiento del TSXG, la directiva lo sometió de nuevo a votación ayer, cosechando la victoria "de nuevo sin quórum", asegura Molares. "Mañana se va a impugnar esta asamblea y van tres en el juzgado".

Hubo más sentencias judiciales introducidas en la asamblea, parte de ellas relacionadas con la ofensiva de la comunidad por reclamar contrapartidas a fincas que reivindica como suyas. La junta rectora trasladó a los comuneros su victoria en los tribunales por la propiedad de los terrenos que ocupa la estación de ITV de Peinador y el fallo, también favorable, que devuelve a Cabral las fincas donde se hallan el IES Carlos Casares y el centro de educación especial (CEES) Saladino Cortizo. En este último caso, la Xunta todavía puede recurrir.

Además, se comunicó a la asamblea la firma de dos contratos con Aero Parking (6.000 m?2;, en torno a 19.000 euros anuales) y la empresa Sealco (2.000 m?2;, 6.000 euros al año).

Porto Cabral

En lo que no hubo debate fue en el futuro de los montes comunales de Liñeiriños, codiciados por el tándem de Intu-Eurofund para construir allí un macrocomplejo de ocio y comercial de 400.000 m?2; (800 millones de inversión previstos). El pasado jueves los promotores anunciaron su solicitud ante el Concello para tramitar el proyecto por la vía de la ordenación provisional (IOP). La decisión se produjo después de enviada la convocatoria de la sesión, por lo que fue imposible someterlo a la asamblea.

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