Faltan pocas semanas para que la causa abierta en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo en relación con el Área Metropolitana cumpla tres años de recorrido judicial. Pero cuando el caso estaba ya a punto de quedar concluso de cara a que el magistrado dicte la sentencia que decidirá el futuro del órgano supramunicipal vigués, un recurso presentado por el Concello ha obligado a demorar este trámite procesal. Lo que expone el Ayuntamiento es el aparente galimatías judicial que ha acabado protagonizando el Área en el marco de este procedimiento. En esencia, lo que alega es la "indefensión" del ente como parte demandada en la causa ya que, según se expone en el escrito, la propia decisión del juez de suspender cautelarmente su funcionamiento y las consecuencias de otra sentencia ajena a este asunto lo han dejado sin nadie que actúe "en su nombre" para funciones de asesoramiento jurídico, representación y defensa.
El juzgado debe resolver ahora esta curiosa cuestión jurídica antes de dejar el caso visto para sentencia. El recurso llegó tras el trámite de conclusiones ofrecido a las partes personadas. La Xunta, que fue quien llevó al Área Metropolitana a la vía judicial, se mantiene en su postura sobre la ilegalidad del ente por no respetar "ninguna norma de constitución". Y, por parte de los concellos demandados y codemandados, uno de los que contestó fue el de Vigo, que pide al juez la inadmisión de la causa presentada por el Gobierno autonómico, al que acusa de "obstaculizar" y "no querer la efectiva puesta en funcionamiento" del órgano.
Fue precisamente este trámite de conclusiones el que dio pie al recurso presentado por el Concello. La letrada de la Administración de Justicia del tribunal dictó varios decretos en los que acordaba dar por caducado el derecho de presentar conclusiones a aquellos demandados que no lo habían hecho en el plazo establecido. Uno de ellos decretaba esa caducidad con respecto al Área.
Y ha sido esta última resolución la recurrida por el Ayuntamiento vigués. Lo hace para alegar la "indefensión" en la que se encuentra el Área, derivada sobre todo de la medida cautelar acordada en este procedimiento, ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de suspender el funcionamiento del ente y de los órganos que lo componen, así como de la "eficacia" de sus actos.
El Concello argumenta que el papel del secretario general del Pleno del Concello de Vigo como secretario del Área quedó sin efecto tras la medida cautelar y que una sentencia ajena a este proceso le impide asimismo tener intervención en el ente. "Y no hay ningún otro nombramiento o habilitación para actuar en nombre del Área Metropolitana de Vigo", expone el recurso, en el que se solicita dejar sin efecto el decreto que impide al órgano presentar sus conclusiones "hasta que se habilite o determine quien puede ejercer la representación o defensa" del órgano supramunicipal "para evitar su indefensión formal o material".
Para ello, el Ayuntamiento propone tres posibles opciones: que se "modifique" la medida cautelar que suspendió el Área, que el juzgado determine "quién puede actuar" en representación del ente o que la Xunta designe "funcionarios de habilitación nacional" para esta función.
Impugnación
Frente a este recurso, la Xunta presentó un escrito instando su desestimación. Entre otros argumentos, alega que el Concello no está "legitimado" para recurrir esta cuestión o que la suspensión cautelar del Área no impedía que se realizasen "actuaciones elementales" como designar a un representante legal. El juzgado debe ahora resolver la cuestión.
