Un establecimiento hostelero de Canido, el popular Bar del Puerto conocido también como "La Mona", se ha convertido en el segundo negocio que ha logrado en Vigo ganar la batalla en los tribunales a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). El único precedente, en los ya casi diez años de recorrido que lleva el Juzgado de lo Mercantil que tiene su sede en la ciudad olívica, fue el de una pequeña cafetería de la calle Zamora. Ambas victorias judiciales tienen sin duda su mérito, ya que no son precisamente pocas las demandas que esta entidad y otras sociedades formalizan por la presunta reproducción de música protegida sin abonar el correspondiente canon. Litigios que se dirigen principalmente contra bares, restaurantes, pubs, hoteles o comisiones de fiestas. En lo que va de este año ya son casi 80 los pleitos formalizados en materia de propiedad intelectual. La SGAE es la entidad que más casos presenta, pero también los hay de otras sociedades que también se dedican a la gestión colectiva de derechos de autor.
A día de hoy los pleitos estrella en el Juzgado de lo Mercantil son los que se presentan contra compañías aéreas por retrasos o cancelaciones de vuelos, así como por pérdida de equipaje. Pero después de éstos ya se sitúan las demandas que formalizan la SGAE y otras entidades similares como AGEDI o AIE. Cuando hay música o simplemente un televisor en un establecimiento, pocos son los que se escapan al control de estas sociedades. En total, desde el 1 de enero y hasta ayer mismo la sala registró un total de 77 procedimientos de esta materia, cifra que representa casi el 20% de la carga de trabajo del tribunal.
La experiencia demuestra que la práctica totalidad de los casos están abocados a una sentencia en la que el juez condena a estos negocios a abonar la cuantía que justifica documentalmente la SGAE por las cuotas impagadas. Si hay un contrato firmado entre la entidad y el local demandado y se produce un incumplimiento, poco se puede hacer. Pero otra clave del alto número de condenas es que son pocos los demandados que optan por defenderse ante el juez. Muchos ni siquiera contestan a la demanda, lo que les lleva a ser declarados en rebeldía y al dictado de una sentencia que entra directamente en la fase de la ejecución para el cobro del dinero.
