Igual que ocurrió en su día con el de Diana Quer, el juicio por el crimen de Ana Enjamio fue suspendido ayer en Vigo por un defecto formal relacionado con el jurado popular y consecuencia indirecta del gran número de renuncias que hubo por parte de los candidatos. Con todo preparado para las maratonianas jornadas a las que estaban citados casi 50 testigos y peritos, y con el acusado, César Adrio Otero, ya en calabozos del edificio judicial, el planteamiento por parte de su abogado defensor de un incidente de nulidad -por no cumplirse un trámite legal relacionado con los cuestionarios a los jurados- obligó a la sala a aplazar la vista a diciembre. Con el cambio introducido, el juicio comenzará el día 9 de ese mes y el veredicto llegará la misma semana en que se cumplen tres años del asesinato de esta joven ingeniera.

El juicio iba a empezar ayer en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, con la selección definitiva de los nueve miembros del jurado y el interrogatorio a César Adrio, que afronta penas que superan los 30 años de prisión acusado de someter a la víctima, compañera de trabajo con la que había tenido una relación, a un acoso extremo y de acabar supuestamente asesinándola de 28 puñaladas en el edificio de ella la madrugada del 17 de diciembre de 2016. De hecho, el encausado, en prisión provisional desde entonces, fue trasladado a primera hora de la mañana desde la cárcel a los juzgados. Por primera vez desde su arresto, las cámaras pudieron captar su rostro. Con gafas y poblada barba, se le veía cambiado con respecto a las imágenes que se conocían de él. Y también se presentaron en la Audiencia la treintena de candidatos a conformar el tribunal popular.

¿Cuál fue entonces el motivo de la suspensión? Tras las numerosas excusas formalizadas por aspirantes a este jurado, la Sección Quinta intentó evitar el aplazamiento con un segundo sorteo urgente celebrado la semana pasada con el que se completó la lista de aspirantes necesaria, que debe ser superior a 20. Pero ya no dio tiempo a realizar otro trámite de la Ley del Tribunal del Jurado: el envío por correo a estos últimos seleccionados de los cuestionarios que deben completar y luego devolver por el mismo medio para que, de forma previa al juicio, puedan ser examinados por las partes. La idea de la sala era salvar este contratiempo haciéndoles una entrevista oral ayer mismo. Pero la oposición mostrada por la defensa, y el riesgo de que, de celebrarse, el juicio pudiese acabar siendo anulado por no seguirse a rajatabla el texto legal, derivó en la suspensión.

El artículo 21 de la referida ley señala que los cuestionarios deben ser entregados de forma previa a la vista oral a fiscal y abogados ya que se les da un plazo de cinco días para recusar a algunos de estos aspirantes si aprecian algunas de las causas de incapacidad o incompatibilidad previstas. Incluso pueden proponer prueba. Esto se obvió, con la intención de hacer todo ayer mismo. "La defensa quiere hacer uso de ese plazo de cinco días para examinar con calma los cuestionarios; y decidimos suspender para ser particularmente exquisitos con la ley y así garantizar la imparcialidad de los jurados; la oposición planteada es legítima", afirmaron fuentes de la sala. Ayer mismo, los jurados del segundo sorteo ya completaron los cuestionarios en la sede judicial. Y será el 9 de diciembre cuando arrancará este juicio y se podrá saber qué declarará el acusado de este crimen que conmocionó a Vigo. Su letrado pide su absolución.