El Concello de Vigo acusa a la Xunta de "no querer la efectiva puesta en funcionamiento" del Área Metropolitana de Vigo y de "obstaculizarla" con una "condición imposible" en las conclusiones entregadas en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo en el marco de la causa abierta a raíz del recurso del gobierno autonómico gallego pidiendo la suspensión del ente supramunicipal, que de hecho el juez ya acordó de manera cautelar. La cuestión del transporte metropolitano -precisamente el argumento principal aunque no el único que llevó al gobierno autonómico a ir a la vía judicial- centra buena parte del informe del Ayuntamiento, que también se pronuncia sobre la Mesa de Edad o la elección de los representantes de Moaña y Gondomar. En definitiva, lo que el Concello pide al magistrado es que inadmita o, subsidiariamente, desestime el recurso de la Xunta, que sostiene que la creación y puesta en marcha del Área fue ilegal.
Este procedimiento pronto quedará visto para sentencia. Después de hacerlo la Xunta, que mantiene en la recta final de esta causa judicial su postura sobre la ilegalidad del órgano supramunicipal por no respetar "ninguna norma de constitución", el juzgado abrió otro plazo para que los concellos demandados o codemandados también presentasen sus conclusiones. Pocos las entregaron, al menos por ahora, y el periodo para hacerlo, que ya se amplió, está a punto de expirar. El Ayuntamiento vigués formalizó su escrito esta semana. Y gran parte de su argumentación se centra en rebatir el alegato del ente autonómico sobre el tema del transporte.
La Xunta, en sus conclusiones, reiteró que el Parlamento de Galicia introdujo una condición previa en la Ley 4/12, del 12 de abril del Área Metropolitana de Vigo, para su puesta en marcha: la Disposición Adicional 11, que requiere la "integración efectiva del transporte urbano de Vigo enel Plan de Transporte Metropolitano de Galicia (PTMG), tras formalización de un convenio de adhesión entre Xunta y concello vigués".
Pero lo que alega el Ayuntamiento es que ese plan no existe, "porque la administración competente y responsable de elaborarlo, tramitarlo y aprobarlo, la Xunta, no lo hizo", concreta. "Sería irresponsable, que el Concello de Vigo incorpore su transporte colectivo de viajeros a un plan inexistente", zanja en su escrito.
Así, lo que considera es que es el propio gobierno autonómico el que convierte la condición de incorporación al PTMG en "imposible". O eso, o no queda más remedio, añade el Ayuntamiento, que "hacer una interpretación sistemática y razonable de las normas, por la inactividad de la administración demandante".
Lo "razonable", considera el Concello, hubiese sido no impedir la "obligada constitución" del Área y "dejar en suspenso el ejercicio de la competencia del transporte metropolitano de viajeros" hasta que se aprobase el plan. Porque lo que hace la Xunta, resume en sus conclusiones, es no elaborarlo y, pese a ello, "obstaculizar" la constitución del órgano supramunicipal para a continuación conseguir judicialmente su suspensión cautelar.
La cuestión que el Concello estima en definitiva determinante en este litigio es que se determine por parte del juzgado si existe o no ese plan de transporte , que debería estar aprobado, concluye, para que los argumentos de la Xunta "pudieran tener virtualidad jurídica".
