La Audiencia Nacional descarta que Adif deba indemnizar a una alianza empresarial que se encargó de acometer parte del trazado de alta velocidad en el tramo de Eje Atlántico comprendido entre Vigo y Soutomaior. La empresa, Urzáiz Soutomaior, una UTE conformada por Vías y Construcciones e Isolux Corsan Corviam, reclama al operador de las infraestructuras ferroviarias una indemnización millonaria por el retraso en las obras, lo que -esgrime la firma- le ocasionó sobrecostes. En concreto, reclamaba a Adif 1,56 millones en concepto de gastos indirectos, otros 2,23 por gastos generales y 100.400 euros por beneficio industrial. La Audiencia confirma una sentencia previa del Juzgado Central Contencioso-Administrativo y desestima las pretensiones de la UTE. Contra su decisión cabe aún, sin embargo, un recurso de casación, por lo que la empresa tienen en su mano la posibilidad de volver a reclamar la indemnización que exige.
La UTE reclama los sobrecostes que, sostiene, ocasionó a la contratista la ampliación del plazo de las obras tras varias prórrogas. Según alega la compañía, las ampliaciones hicieron que el plazo de los trabajos pasase de los 15 meses acordados en un inicio a casi 26. La compañía censura en concreto retrasos, prórrogas y reajustes del calendario que hicieron que los trabajos durasen casi un año más de lo planificado en principio. También que Adif no puso a su disposición los terrenos necesarios para poder desarrollar su labor y que no pudo trabajar hasta 2014.
La administración replica sin embargo que el tramo afectado por las obras y que sirve a la UTE para estimar un retraso de más de medio año, apenas supone 600 metros de los 19 kilómetros en los que actuaban las compañías. También que desde un inicio la UTE sabía que tendría que operar en paralelo con otros contratistas y era la responsable de solicitar permisos. La Audiencia razona que las prórrogas no son achacables a la UTE, pero tampoco al operador público.
