"Pese a todas las previsiones, no consta que ni el Puerto ni el Concello de Vigo hayan realizado ninguna actuación ni inspección para el mantenimiento y conservación, ni se hayan requerido uno al otro para ello a pesar de los muchos años transcurridos pero sí ambas entidades concedieron sendas autorizaciones para O Marisquiño". Estas palabras sintetizan el último auto -quizás el más importante- emitido por el Juzgado de Instrucción 3 de Vigo en el marco de las actuaciones por el derrumbe del muelle portuario de As Avenidas, dando también un importante giro a las diligencias: excluye al festival de una posible responsabilidad en el hundimiento del paseo, que dejó más de 400 heridos, y descarga las tareas de inspección, revisión o conservación del mismo en Puerto y Concello por igual.
Tanto es así que, a propuesta de la Fiscalía, cita en calidad de investigados a dos técnicos del Concello -al ingeniero jefe de vías y obras y al jefe de urbanización e infraestructuras- así como al director técnico y/o encargado del control y supervisión del estado de las infraestructuras de la Autoridad Portuaria. A mayores, también llama a declarar a la directora del Puerto, Beatriz Colunga, como responsable civil para que informe a la sala sobre el contrato que firmó con O Marisquiño para la cesión del terreno empleado durante el festival, pudiendo cambiar su condición procesal -y pasar a ser investigada- una vez se le tome declaración.
La jueza que sustituye actualmente a la titular de la sala recuerda en su auto que la estructura hundida se construyó hace más de 30 años y, desde entonces, según las diligencias practicadas -en la que destaca los informes de los peritos judiciales-, "no se ha llevado a cabo por ninguna de las entidades titulares, cesionarias o usuarias de dicha construcción sobre el borde marítimo actividad alguna de conservación o mantenimiento, a pesar de que los paneles prefabricados se encontraban a poca altura sobre el nivel del mar y en la zona de salpicaduras, que es donde el ambiente marítimo ha causado mayores daños sobre los paneles de hormigón y acero".
Todo ello habría provocado "la rotura de la estructura por colapso" como consecuencia del avanzado estado de corrosión". A este respecto también se pronuncia la fiscal jefe de Vigo, Susana García-Baquero, quien en sus informes ve "acreditado" que el desplome se debió a la corrosión y desgaste de los materiales "cuya vida útil finalizó a los cinco años de la recepción de la obra".
Reitera la representante del Ministerio Público que una mínima inspección en la zona de madera hubiese derivado "forzosamente" en la advertencia "del estado real de la estructura inferior que falló".
Para poder concretar responsabilidades, o más concretamente, competencias, vuelve a cobrar protagonismo el convenio, ya disuelto, de 1992 "Abrir Vigo al Mar". En él apoyaron sus argumentos tanto Puerto como Concello: mientras el primero aseveraba que en la cesión del espacio, el "mantenimiento de toda la actuación" (que correspondía al Ayuntamiento) comprendía también la parte de hormigón; el segundo refrendaba la idea de que esta zona no forma parte de los denominados espacios de confluencia puerto-ciudad que se rehabilitaron con el proyecto y, por lo tanto, su conservación atañería a Praza da Estrela. La fiscal, en referencia a este convenio, deduce que "toda la actuación" incluye "la losa de hormigón existente, así como pilares que se integran en el proyecto que el Puerto cede al Concello". A mayores, sobre la entidad portuaria, declara "no haber duda" de que las estructuras hundidas "habían quedado obsoletas" ya antes de la recepción de las mismas al Consistorio.
"Negligencia grave"
Así, García-Baquero sostiene que " la ausencia de revisiones" a pesar de estar abiertas al público e incluso de ceder su uso para O Marisquiño, - "permitiendo la concentración de unas 5.000 personas"- constituye "una negligencia grave" por parte de las administraciones. Esta precisión es ratificada por la magistrada, quien advierte de un posible delito de lesiones por imprudencia.
El hundimiento del paseo en la edición XVIII de O Marisquiño dejó más de 460 heridos de diversa consideración. A este respecto, la magistrada ordena también que ambas entidades se personen como responsabilidad civil así como sus aseguradores para poder hacer frente a las posibles indemnizaciones que resulten en caso de condena. Todavía no hay una cantidad concreta correspondiente a los daños físicos de los afectados -ya que no todos fueron revisados todavía por los médicos forenses- así como el valor de todos los objetos que se perdieron o cayeron al agua tras el derrumbe del muelle pilotado de As Avenidas.
