El envejecimiento de la población es uno de los grandes retos que tienen ante sí las autoridades, no sólo en el sistema sanitario público que está empezando a cambiar de modelo sino también en las políticas sociales de atención a personas que no se valen del todo por sí mismas. Solo en Vigo cerca de 65.000 personas de un total de 293.642 -según los últimos datos del padrón municipal- superan los 64 años. Suponen el 22% de la población. Esta tendencia demográfica al alza motiva la necesidad de mayores plazas de residencia para su atención y cuidado integral. Actualmente, la Xunta de Galicia financia un total de 1.250 plazas públicas en la urbe tanto para centros propios, concertados como privados, pero no son suficientes. Y es que hay 250 mayores vigueses esperando por una de estas habitaciones en geriátricos de la tercera edad, según datos de la Consellería de Política Social.
Este dato provoca que los usuarios tengan que financiarse directamente ellos una cama en una residencia de pago o bien continuar en casa de sus familiares bajo su cuidado, muchas veces complejo y que requiere de intensos encajes de bolillos para lograr cierta conciliación. Y es que las residencias de titularidad pública autonómica carecen de plazas. Para paliar esta situación, el Gobierno gallego financia otro millar de ellas en residencias concertadas o las financiadas directamente a los usuarios. Pero a tenor de las estadísticas, todavía se requiere mayor inversión para paliar con esta situación.
El límite de plazas actuales en residencias para personas de la tercera edad o dependientes también complica la opción de requerir una de estas camas. Por ello, la ciudad viguesa está ganando músculo asistencial y para los próximos años tiene previsto rozar las 2.000 camas para personas mayores.
Nuevo complejo público
Concretamente, la Xunta mantiene en su hoja de ruta para Vigo la construcción de una residencia geriátrica en los terrenos de la ETEA. El complejo ocupará el espacio de los actuales cuarteles de marinería Méndez Núñez. El proyecto, de 150 plazas, está llamado a satisfacer la demanda creciente de servicios para dependientes -especialmente tras noticias como la reconversión fallida del Policlínico Cíes en un centro para mayores-. Por ello, la intención de la Xunta es arrancar las obras, en las que se invierten 12 millones de euros, el próximo año, en los últimos coletazos de la legislatura gallega y al límite del plazo para su conclusión.
Junto a este centro de titularidad pública, se encuentran otros dos privados también con luz verde, en este caso de la Gerencia de Urbanismo. Los barrios de Fátima y San Roque albergarán otros dos complejos residenciales para personas mayores que se unirán al inaugurado hace un año en el antiguo colegio San José de Cluny, la residencia Ballesol Vigo.
El primero se erigirá en la calle Pino gracias a la inversión de 6,1 millones de la viguesa Profand. El complejo, situado frente al hospital Vithas Fátima, tiene hasta 9 alturas y 155 plazas. Una vez terminada, Profand dejará el servicio en manos de DomusVi, perteneciente al grupo francés HomeVi, a cambio de una renta.
Por su parte, la calle Emilia Pardo Bazán acaba de ser relanzado por un grupo belga que invertirá en el geriátrico 8 millones de euros tras la comprar el proyecto a la promotora. Las obras comenzaron el pasado mes de mayo y su finalización, según desveló el grupo, está fijada para noviembre de 2020 tras firmar un contrato de arrendamiento por 20 años y estimar un rendimiento bruto inicial del 6%.
