El procedimiento principal del Área estuvo paralizado hasta que el Alto Tribunal gallego se pronunciado sobre los recursos de varios ayuntamientos contra su suspensión decretada por el Contencioso número 1 de Vigo. Y lo hizo en octubre de 2018. El TSXG ratificó la decisión de que el ente supramunicipal continuase inactiva para prevenir "perjuicios irreversibles" si se le dejase tomar decisiones. En el Tribunal Superior de Xustiza no entró a valorar la legalidad de los nombramientos de los dos ediles que dieron lugar al pleito base ni tampoco sobre la inclusión o no del transporte metropolitano.
