La sentencia que decidirá el futuro del Área Metropolitana está cada vez más cerca dentro de un proceso judicial que se alarga ya más de dos años cuando en abril de 2017, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Vigo suspendió su funcionamiento tras detectar irregularidades en la elección de dos ediles -Gondomar y Moaña- durante la Asamblea Constituyente en diciembre del 2016. El litigio sobre el ente supramunicipal se ha vuelto a reactivar esta semana tras más de un año parado a la espera del TSXG -que ratificó la medida cautelar de suspensión- y la revisión de las pruebas alternativas presentadas por los concellos codemandados por la Xunta de Galicia encarando así la recta final de este recurso.
Concretamente, la sala otorgó, en un auto con fecha de 16 de septiembre, un plazo de 10 días al Gobierno gallego para que presente su informe de conclusiones. En él debe recogerse un resumen de la pruebas practicada y enlazarlo con los fundamentos jurídicos que llevaron a presentar la demanda. Una vez este informe llegue a manos del magistrado, se abrirá otro plazo de diez días para la emisión del correspondiente informe por parte del resto de concello que constituyeron el organismo: Vigo, Porriño, Nigrán, Gondomar, Cangas, Moaña, Salceda de Caselas y Fornelos de Montes.
En este mismo oficio del juzgado contencioso, según precisaron fuentes judiciales, el titular también rechaza la prueba ampliatoria presentada por las partes tras su examen y revisión al considerar que la documentación que consta en autos y en el expediente ya es suficiente y válida para iniciar la fase de conclusiones, último eslabón en este procedimiento.
Sea como fuere, la sentencia se conocerá prácticamente dos años después de que la Xunta. Fue concretamente en enero de 2017 cuando el gobierno autonómico llevó el caso a la vía judicial. En abril del mismo año el juzgado vigués acordó la suspensión cautelar del funcionamiento del ente y también ese verano -en junio- se elevaban al Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) los recursos de apelación formalizados contra esa decisión.
La causa se tramita por la vía del procedimiento abreviado. Con toda probabilidad no será necesario celebrar juicio ya que la prueba de la que dispone el magistrado para resolver es fundamentalmente documental. Cuando se dan estas circunstancias, las partes personadas presentan sus conclusiones por escrito -en vez de hacerlo en la sala de vistas- y a continuación es el juez el que emite el fallo.
