Cuatro horas de reunión entre el comité de personal del Concello y la concejala de Economía, Régimen Interior y Seguridad, Elena Espinosa, no fueron suficientes ayer para conseguir desbloquear el conflicto sobre el salario de la Policía Local. Los agentes reclaman la equiparación con bomberos que fue aprobada en dos sesiones plenarias y sobre la que en el último año y medio llegó a haber dos acuerdos con los anteriores ediles de Personal y Seguridad, Javier Pardo y Carlos López Font. Pero ahora, y según denunciaron ayer los sindicatos, la nueva edil rechaza los informes técnicos que avalarían la subida pactada anteriormente y encargará otro a una empresa externa para valorar las retribuciones de los agentes. "Se desmarcan de un expediente que se inició en mayo de 2018 y parece que todo lo hecho hasta ahora, cuando todos eran partícipes, tanto el gobierno local como los técnicos de la casa, se hizo mal. Y nos dicen que es mejor que sea una empresa externa la que de luz a esta situación. Es un intento de dilatar el acuerdo y parece que no hay ninguna intención de llegar a él", denuncia el presidente del comité, Pergentino Martínez.
Esta situación, lejos de acercar las posturas, las ha alejado todavía más y, como adelantó FARO, supondrá probablemente que los agentes mantengan su protesta en forma de "multas caídas" como medida de presión. Esta protesta no oficial mediante la que han "frenado" las multas de tráfico y que está secundada por buena parte de la plantilla, ha provocado ya una disminución de más del 60% en los ingresos por recaudación de multas. Esta partida supone cada año en torno a 8 millones de euros.
El único acuerdo al que se llegó ayer -siempre según el comité del Concello- fue el de mantener el que había con el anterior concejal para que, una vez que se cierre una subida salarial, la financiación para poder llevarla adelante se realice mediante la amortización de plazas. "Aquí no hay ningún problema de legalidad y se puede usar esa vía para financiarlo", explica Pergentino Martínez.
Las diferencias ahora están en las cuantías. En un primer acuerdo con Carlos López Font y Javier Pardo pactaron un incremento retributivo de 400 euros mensuales que se abordaría en varios ejercicios y que pasarían a formar parte del complemento específico de los agentes. Finalmente no se llevó adelante y, en una segunda negociación a principios de este año la cuantía se rebajó a 250 euros con el compromiso de abordar la inclusión de la nocturnidad y la festividad en el complemento específico más adelante. "Era lo acordado hasta ahora, pero entienden que aunque hay un expediente con más de 300 trámites, éste no se ajusta y prefieren pedir un informe a una empresa externa", critica Pergentino Martínez.
Informes municipales
El objetivo de esta contratación sería el de valorar cuáles son las especialidades de policías, sus especificaciones y cómo tendrían que retribuirse. Pero el comité no comparte la posición del gobierno local y rechaza que se contrate a una empresa externa para "dilatar" todavía más la negociación sobre un trabajo que, además, ya estaría realizado y avalado por técnicos municipales. "No creemos que una empresa externa tenga que valorar algo que hasta ahora siempre se ha hecho por profesionales de la casa. Para nosotros los informes que han hecho los técnicos y que avalan la subida y las cuantías son perfectamente válidos", asegura Pergentino Martínez.
La valoración del comité sobre el resultado de la reunión es negativa. "Nuestra postura es la misma de días atrás. Total decepción e indignación porque entendemos que todo lo avanzado y avalado hasta ahora no se tiene en cuenta. La situación no mejora y se tensiona todavía más. El nivel de indignación es mayor. Trasladaremos a la plantilla el nuevo planteamiento del gobierno con la crispación que supone", avanza su presidente.
El comité también fue convocado para participar en un grupo de trabajo para, en la medida de los posible, aportar soluciones.
