Un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santiago condenó a Povisa, al Sergas y a dos entidades aseguradoras a indemnizar en 30.000 euros a una paciente de 73 años que se clavó una aguja de calcetar en el antebrazo derecho y a la que no se diagnosticó a tiempo un síndrome compartimental.
Los hechos se remontan a marzo de 2014, tras acudir a un centro de salud se la derivó al servicio de Urgencias de Povisa. Días después de ser operada tuvo que volver a ser reintervenida de urgencia para no perder la mano, a la que siguieron otras seis cirugías, e "infecciones hospitalarias sucesivas", explicó su letrado, Cipriano Castreje.
