El Juzgado de lo Penal 3 de Pontevedra ya ha puesto fecha para juzgar al nonagenario vigués Manuel B.A.L. que arrolló a un pelotón de ciclistas en la PO-552 en A Guarda en marzo de 2016. Dos deportistas fallecieron y otros nueve resultaron heridos, el que presenta las lesiones más severas es el profesor e investigador de la Universidad de Vigo José Antonio Vilán, que tres años después sigue de baja y aún no pudo retomar su actividad profesional. La primera sesión de la vista oral se ha fijado para el próximo 18 de noviembre, momento en el que previsiblemente se señalarán el resto de las jornadas ante las numerosas testificales y periciales previstas. El conductor se enfrenta a 4 años de prisión y 6 de retirada de carné por dos delitos de homicidio y nueve de lesiones, todos por imprudencia grave.
Además de las declaraciones de los ciclistas que formaban parte del pelotón cuando tuvo lugar el atropello mortal, Fiscalía y acusaciones particulares han citado a una treintena de testigos y peritos. Entre las personas que declararán en el juicio se encuentra el responsable del servicio psicotécnico que renovó el carné de conducir al acusado, que en el momento del siniestro tenía 89 años.
En principio el tema de las responsabilidades civiles y la indemnización a las familias de los fallecidos, Diego Freiría Fernández y José Antonio Casás Pérez, Ñito, así como las de la mayoría de los heridos, estarían ya resueltos con la compañía de seguros. No es el caso de José Antonio Vilán, cuyo abogado reclama una indemnización de 1,4 millones de euros así como una cantidad, todavía por fijar, de lucro cesante por secuelas por la pérdida o disminución de ingresos procedentes del trabajo, para lo que se ha encargado un informe a un experto actuario.
El atropello del pelotón de ciclistas tuvo lugar en la mañana del 11 de marzo de 2016. El conductor nonagenario circulaba velocidad inadecuada por un tramo recto y buenas condiciones de visibilidad cuando arrolló a los 14 ciclistas. Su defensa pide la absolución al considerar que su conducta "no puede estimarse como delictiva" y en caso de condena, pide que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas.
