Pasaron ya muchos años desde que el Grupo de Empresas Álvarez (GEA) echase el cierre dejando en la calle a más de un millar de empleados. Pero algunos de los procedimientos judiciales impulsados por un amplio grupo de extrabajadores del que en su día fue un próspero complejo cerámico siguen vivos. Eso sí, por fin en fase de ejecución de sentencia, tras ganar la batalla para cobrar el dinero que les adeudan. Y, en el marco de uno de estos procesos, el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Vigo ha dictado una resolución en la que declara embargadas acciones propiedad de Construcciones José Castro -condenada junto a la promotora Naerama Group a abonar esas cuantías- en el Grupo Inversor Hesperia. A la constructora le pertenece el 17,95% del capital social de la cadena hotelera catalana. El embargo de las acciones tiene como fin pagar lo que se adeuda a los extrabajadores, previa tasación y subasta de las mismas, fase a la que todavía no se llegó.
Un grupo de exempleados de GEA emprendieron varios litigios civiles derivados del contrato suscrito en 2002 con Naerama, operación en la que Construcciones José Castro fue avalista, por el que cedieron a la promotora terrenos de las antiguas fábricas de Cabral y Coruxo. El precio de la venta se vinculó a la aprobación del PXOM de Vigo y al volumen de urbanización autorizado, ya que estaba pendiente de recalificación urbanística. Pero aprobado el plan general en 2008, los extrabajadores no cobraron lo que les correspondía.
En la causa que se abrió en el Juzgado de Primera Instancia 7 la magistrada condenó el pasado enero a las dos constructoras a abonar en total, entre principal e intereses, 390.680 euros a 25 extrabajadores de Álvarez. El tribunal, en junio, dictó la orden de ejecución provisional contra ambas empresas -la sentencia no es firme ya que ha sido recurrida en apelación- por el referido importe. Y acordó recabar información sobre los bienes y derechos de las firmas ejecutadas, así como el embargo de determinados saldos y depósitos que pudiesen tener en entidades bancarias y cuantías que en su caso tuviesen pendientes de recibir de la Agencia Tributaria.
Pero la ejecución no se quedó ahí. Los demandantes, a través de su representante legal, presentaron un escrito solicitando que a mayores se acordase el embargo de "todas las acciones propiedad de Construcciones José Castro de la sociedad Grupo Inversor Hesperia S.A., que ascienden al 17,95% del capital social de esta última mercantil". Y el tribunal, en un decreto con fecha de este 5 de julio, determinó la "procedencia" de esa ampliación, declarando así embargadas acciones pertenecientes a la constructora en el grupo hotelero.
Subasta
La siguiente fase será tasar esas acciones y realizar una subasta notarial, como explica Tomás Santodomingo, abogado vigués que representa a estos 25 extrabajadores, unos trámites sobre los que se tendrá que pronunciar el juzgado una vez se formalice la solicitud. El letrado lleva asimismo a un amplio grupo de los 160 que también ganaron la batalla a Naerama y Construcciones José Castro en otro de los pleitos, el que se tramitó en el Juzgado de Primera Instancia número 14. En este caso, la sentencia ya es firme y la cuantía a pagar es mucho más elevada: 1,5 millones, que se elevan prácticamente a los dos millones con los intereses.
En el marco de este último procedimiento ya se embargaron unos terrenos de una finca de Coruxo valorados por el perito en 957.000 euros. Dado que la cantidad que se obtendrá en la subasta de la parcela no llegará para cubrir esos dos millones -teniendo en cuenta además que la misma podría ser adjudicada por el 50% de la tasación-, ya se ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia 14 que proceda a una mejora de embargo del "sobrante que pudiese resultar" de la puja de las acciones embargadas en la ejecución de Primera Instancia 7. Un escrito que ahora está pendiente de respuesta judicial.
"Las acciones son de un grupo hotelero con un capital social que supera los 40 millones de euros, con lo que, en una futura subasta, lo que se obtendría por ellas cubrirá con creces lo que deben recibir los trabajadores de los dos procedimientos; esperemos que, pasada más de una década, por fin puedan cobrar", concluye Tomás Santodomingo.
