La comarca disfruta de su primer verano sin colapsos en Rande. Por primera vez en años, los conductores del área pueden circular de una a otra orilla de la ría sin resignarse a perder horas y horas atascados en el viaducto que enlaza Vigo, Redondela y O Morrazo. La ampliación del puente, que incorporó dos nuevos carriles laterales tras una inversión que superó los 130 millones de euros, le ha permitido absorber el intenso tráfico rodado que cruza a diario la ría por trabajo, ocio, para realizar gestiones, ir al hospital? O, como es habitual entre julio y agosto, disfrutar de las playas que se reparten por el litoral olívico, Cangas, Bueu o Moaña.
Aunque los nuevos carriles se abrieron al tráfico en diciembre de 2017 y el grueso de las obras remataron en junio de 2018 -tras 40 meses-, los operarios siguieron trabajando en el viaducto durante todo el verano, hasta bien entrado el otoño, sobre todo durante la noche, cuando se llegaron a cortar carriles. Hubo que esperar a finales de noviembre para que el Ministerio de Fomento confirmase que las labores habían culminado y que a lo largo de las dos semanas siguientes se irían retirando de forma paulatina los "medios auxiliares", como las estructuras que durante meses bloquearon las pasarelas que conectan el tablero central con los dos nuevos carriles exteriores.
Tras décadas con una infraestructura incapaz de absorber el intenso tráfico entre Vigo, O Morrazo y Pontevedra y después de casi tres años y medio de obras y cortes de carriles, Rande encara su primer verano libre de los colapsos que convertían al viaducto en una auténtica ratonera. Durante julio y agosto de 2017 -con las obras aún a pleno rendimiento- era frecuente que los conductores padeciesen largos atascos que ponían a prueba su paciencia, en especial a primera y última hora de los días de sol. La situación en el viaducto alcanzó tal extremo que motivó la intervención de las instituciones, que cuestionaron que se cobrase por el uso de una autopista que obligaba a circular a una velocidad más propia de carretera convencional.
La Valedora do Pobo llegó a abrir incluso una queja de oficio, primero en 2017 y una segunda meses más tarde, ante los "reiterados atascos" en la autopista. "Los usuarios de la AP-9 los padecen teniendo que abonar igualmente los importes de los peajes", razonaba el organismo autonómico en su escrito, en el que señalaba que lo "lógico" sería que la concesionaria levantase los peajes y barreras durante los atascos. "No se abrieron como una consecuencia lógica de la reacción ante la imposibilidad de mantener un servicio adecuado en una autopista de pago", zanjó.
No fue el único organismo en alertar de la situación que se vivía en Rande. La Fiscalía reclamó también a Audasa que devolviese los peajes cobrados durante los atascos. En un escrito entregado a finales de 2018 en el Juzgado de lo Mercantil -institución que lo admitía a trámite poco después- el Ministerio Público reclamaba los gravámenes correspondientes a "al menos" tres años y medio: de febrero de 2015 a junio de 2018. En junio la concesionaria recibía un primer varapalo al negarse el juzgado a que el proceso siguese la vía contencioso-administrativa -como solicitaba la empresa- y, semanas después, sufría otro cuando la misma sala frustraba la pretensión de la concesionaria de que Fomento compartiese su condición de demanda en el proceso abierto por Fiscalía.
Para exigir la devolución de los gravámenes cobrados entre 2015 y 2018 la plataforma En-Colectivo decidió en primavera constituirse como asociación de consumidores. Un mes después aglutinaba ya quejas de 200 particulares y abría sus puertas a las reclamaciones de empresas. También las asociaciones profesionales Apetamcor y Ascentra impulsaron su propia demanda colectiva para transportistas. Según estimaban en mayo, al presentar la iniciativa, cada camión atrapado en los frecuentes colapsos del viaducto podría haber acumulado una factura de 18.000 euros. A la hora de elaborar el cálculo tenían en cuenta tanto los peajes como las indemnizaciones y juros legales, conceptos que también planteaba exigir a la gestora de la AP-9.
A pesar de esas reclamaciones y de que Audasa recaudó unos 90 millones en peajes durante los años que duraron las obras, la concesionaria se muestra reacia a abonar las indemnizaciones y los gravámenes cobrados a vehículos atrapados en los atascos. En el informe de gestión de sus cuentas de 2018 Audasa eludía su responsabilidad y alegaba que había "actuado en todo momento de acuerdo con su contrato concesional". "Las obras se han ejecutado de acuerdo con la normativa vigente, garantizando la seguridad de usuarios y trabajadores, y, en todo caso, con la menor afección posible al tráfico", insistía la concesionaria, y remataba: los conductores estuvieron informados en todo momento de los cortes de tráfico, por lo que estaba en sus manos -sostenía- "elegir otra vía alternativa" a la autopista.
Los efectos de la ampliación de la AP-9 se dejaron sentir pronto en Rande. En 2018 la intensidad media diaria del tráfico en el puente se elevó un 1,6% hasta situarse en 57.965 vehículos y la estimación de Audasa es que este año se alcances los 59.500, lo que devolvería su uso a niveles de 2010. En verano prevé rozar a su techo histórico con unos 70.000 conductores diarios.
