El alcalde de Vigo, Abel Caballero, "denunciará" la ley de Acción Exterior que elabora la Xunta y que permitirá a la administración autonómica fiscalizar las subvenciones a aerolíneas que conceden los ayuntamientos.

"Es un escándalo. Es nuestra competencia y lo vamos a hacer", censuró el primer edil olívico, quien tachó la futura normativa -que tramita la Consellería de Presidencia- de "ley anti-Vigo", categoría en la que incluyó también la obligación de bonificar el transporte urbano a viajeros no empadronados en la ciudad o el canon por el mantenimiento de la presa de Eiras. "No vamos a dejar que sigan haciendo leyes anti-Vigo. Las voy a denunciar todas", zanjó.

Con la normativa que impulsa la Xunta, ésta tendrá la última palabra sobre las ayudas de los concellos a los vuelos. Así obligará a los municipios a informarle por anticipado de los incentivos o estímulos que pretenden conceder a las aerolíneas para evaluarlos y resolver si se ajustan o no a la legalidad. De no hacerlo así, las vetará.

Para Caballero, el apoyo a la promoción turística mediante ayudas a compañías para que vuelen desde sus aeropuertos es una competencia municipal "y no vamos a dejar de ejercerla".

Caballero reclamó también a la Xunta que salde la "deuda histórica" que tiene con Peinador. "Nos debe millones de euros que le dieron a Santiago y A Coruña en todos estos años sin dárselas al aeropuerto de Vigo", incidió el primer edil, quien puso como ejemplo el transporte con el aeródromo.

"Pagan el bus de Santiago al aeropuerto y no lo pagan en Vigo", denunció. "Si hay un aeropuerto que hay que potenciar en Galicia es el de Vigo, que es el que compite con el de Oporto", aseveró. "Ha habido un trato de favor a los aeropuertos de Santiago y de A Coruña en detrimento del de Peinador, que ahora va a velocidad de crucero, y lo que quieren es cerrarlo", recalcó.

Caballero no es el único alcalde que rechaza la ley que tramita la Xunta y que le permitirá fiscalizar las ayudas de los concellos a las aerolíneas. El domingo la regidora de A Coruña, la socialista Inés Rey, insistía en que la Xunta "no debe interferir en la autonomía municipal ni en las competencias propias de los ayuntamientos", como por ejemplo la promoción del turismo local o la dinamización de sus economías.

Desde Santiago, el también socialista Xosé Sánchez Bugallo evitaba sin embargo entrar en polémicas. Para el alcalde compostelano, "a Xunta tiene la obligación de implicarse en la coordinación".