El Consello de Contas pone pegas al sistema de financiación de Povisa que se fundamenta básicamente en el pago per cápita, tomando como referencia que atiende a una población de 139.000 personas. El órgano fiscalizador cree que es necesario fijar con "exactitud los costes de la prestación sanitaria" y para eso advierte que se deben de tener en cuenta "las características de la población atendida". De esta manera asume la demanda que planteó el hospital cuando negoció el último convenio con el Sergas. En ese momento reclamó que se incluyera en el cálculo el porcentaje de población que supera los 65 años y que supone un mayor coste sanitario.

Su reclamación no cuajó. El acuerdo firmado a finales del pasado año rebaja de 540 a 504 euros la financiación per cápita, sin tener en cuenta los estratos de edad, pero a cambio el Sergas asume el coste de los medicamentos de dispensación ambulatoria y de alto impacto. De esta manera, se salvó a Povisa del concurso de acreedores.

Pero Contas ve lagunas en ese acuerdo de financiación. Aunque analiza con más detalle el anterior concierto de 2014, los auditores incluyeron a última hora los cambios adoptados en 2018 sin que alterara su dictamen final.

No solo duda de una financiación per cápita que no tiene en cuenta las características de la población. Povisa tiene ahora 5.500 mayores más a su cargo que en 2014, según los datos que había aportado este centro sanitario. Contas también cuestiona el cálculo de la población de referencia: "no consta justificación".

El órgano fiscalizador cree además que la Xunta debe establecer "con mayor precisión y claridad" las obligaciones que debe prestar Povisa tanto en términos de asistencia como económicos para "evitar la litigiosidad en la aplicación del concierto". "Hace falta más transparencia y calidad", apuntan los auditores.

También le pide al Sergas un mayor control sobre la calidad de los servicios sanitarios prestados. Según Contas, de la facturación global a Povisa solo el tres por ciento se vincula al cumplimiento de objetivos, "lo que puede provocar un desincentivo a la calidad de la prestación sanitaria".

Por eso pide, que se establezcan "mecanismos efectivos para el seguimiento y evaluación de la asistencia a los pacientes".