El vicegerente económico de la UVigo, Francisco Corrales, ha dimitido de su cargo por estar "en desacuerdo" con la gestión que desarrolla el gobierno de la institución académica en esta materia. Así lo ha hecho constar en un correo electrónico enviado a toda la comunidad universitaria y en el que también agradece la labor del equipo con el que trabajó durante el último año mientras estuvo en el puesto.
Según ha podido saber este periódico, Corrales se reincorporará a sus responsabilidades como profesor del departamento de Economía Financiera y Contabilidad en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Pontevedra.
Fue precisamente su experiencia en contabilidad y auditoría en los sectores público y privado la razón por la que el rector Manuel Reigosa lo designó como vicegerente tras ganar las elecciones del año pasado.
El nuevo gobierno universitario redujo la estructura del equipo anterior a solo tres personas, dos de ellas procedentes de la propia institución. Reigosa "fichó" en la Consellería de Facenda a la gerente, Raquel Soto, mientras que el funcionario José González Groba, que fue administrador del campus de Pontevedra, es el vicegerente de Personal. Y Corrales se ocupaba hasta su dimisión, que ya es oficial desde hace una semanas, de la parte económica.
Desde la CIG destacan que Corrales era el encargado de negociar con la Xunta el déficit de 6 millones de euros que tiene la UVigo y que la obliga a elaborar un plan económico-financiero. Xoán Cebro, presidente de la Junta de Personal de Administración y Servicios, recordó esta cuestión en el Claustro del 10 de julio, pero el rector Reigosa aseguró que las cuentas de la institución están saneadas.
La cuestión ya se había tratado también en el Consello de Goberno del 26 de junio a preguntas del propio Cebro. El vicerrector de Economía, José María Martín Moreno, explicó que el desequilibro no está relacionado con la solvencia ni con deudas, sino que se debe a un ajuste contable que realiza la Xunta en los derechos justificados por los proyectos de investigación financiados con fondos europeos FEDER.
La Universidad reconoce el derecho una vez que se justifican los proyectos, pero el ministerio no reconoce la obligación que asume con la Universidad hasta que ellos mismos no los justifican todos ante la UE, lo que puede tardar años.
