El magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Vigo, en funciones de guardia, inspeccionó ayer por la mañana acompañado por especialistas de la Guardia Civil los daños causados en la terminal Ro-Ro de Bouzas por un incendio que se inició al mismo tiempo que la tirada de fuegos artificiales en las fiestas del barrio el pasado viernes por la noche. El incidente, según las estimaciones de la Autoridad Portuaria, se saldó con 16 coches calcinados, otros 40 afectados por las llamas en diferente grado y una primera estimación de pérdidas materiales de 1,5 millones de euros. El juez Juan Carlos Carballal se trasladó a la zona pasadas las 13.30 horas e inspeccionó también el área desde la que supuestamente se lanzaron los elementos pirotécnicos. Además, comprobó las medidas de seguridad adoptadas.
El magistrado actuó de oficio, pues de momento no se ha presentado denuncia alguna por parte de la Autoridad Portuaria, aunque la intención del organismo presidido por Enrique López Veiga de registrar una sigue en pie. En principio se abrirían diligencias por un posible delito de daños y habría que investigar si existe algún tipo de negligencia o imprudencia penal por parte de la empresa pirotécnica, una comprobación que también espera la Cofradía del Santísimo Cristo de los Afligidos de Bouzas, los organizadores de los festejos populares del barrio.
De momento, la Autoridad Portuaria no ha variado sus consideraciones acerca de lo que se desencadenó el pasado viernes a las diez de la noche. "Es un comportamiento muy irresponsable", descargó López Veiga, que confesó haber entablado contactos con PSA y la naviera Suardiaz. "Es una gente que se ha metido por un paseo donde está prohibido el tráfico rodado. Se metieron sin permiso e hicieron una tirada a 20 metros de un material altamente inflamable."
Por lo pronto, la Autoridad Portuaria continuó ayer examinando distintos escenarios. Entre ellos, sobresale la voluntad del organismo de presentarse como parte en la causa abierta por el suceso, "pero esto tiene un trámite", aclaró el presidente. De entrada será la Asesoría Jurídica del Puerto quien examine el caso, para ponerlo después en manos de la Abogacía del Estado.
El otro gran paso que quiere llevar adelante la Autoridad es la apertura de un expediente contra la pirotécnica, considerada responsable del incendio. López Veiga aseguró ver con sus "propios ojos" la furgoneta de la empresa estacionada en los aledaños de la terminal Ro-Ro y la retirada de las varillas de los fuegos entre los vehículos. "La Guardia Civil retiró como treinta y yo cuando llegué había aún cinco o seis tiradas por el suelo".
Sin embargo, el procedimiento para la apertura de un expediente tampoco es automático. Mientras la justicia sigue su camino, la Autoridad prevé iniciar los trámites "cuanto antes", para lo cual es necesario "nombrar un instructor" que se ponga frente de las pesquisas. El Puerto descarta hablar de momento de las sanciones a las que se podría enfrentar la pirotecnia.
