Varapalo a las pretensiones de Audasa de que Fomento figure como demandada en el proceso abierto por Fiscalía por el cobro abusivo de peajes en Rande. El Ministerio Público presentó hace meses una demanda colectiva contra la concesionaria de la AP-9 por seguir cobrando el peaje íntegro del viaducto mientras duraban las obras de ampliación, un período durante el que las condiciones en las que se prestaba el servicio empeoraron de forma notable, con frecuentes colapsos en el puente y sus accesos. Audasa pretendía que se incluyese también a Fomento como parte demanda al considerar que podría ver "directamente afectada por una eventual sentencia que acogiese las pretensiones de la Fiscalía". El Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Pontevedra acaba de rechazar esa petición.

El juez concluye que el caso impulsado por el Ministerio Público es "totalmente independiente de las condiciones de la concesión administrativa de la autopista, del sistema legal de fijación de peajes o de las potestades administrativas de Fomento". El departamento de José Luis Ábalos es titular de la infraestructura, pero su gestión directa y cobro de peajes depende de Audasa. El magistrado subraya en ese sentido que, lo que busca el proceso abierto por Fiscalía, es "evaluar la oportunidad de cobrar a los usuarios de la AP-9 la totalidad del peaje legalmente fijado, a pesar de que, debido a unas obras, supuestamente no se les estaban prestando los servicios propios de una autopista".

"Se trata simplemente de la relación comercial entre la concesionaria, Audasa, y sus clientes, en la que el Ministerio no tiene más interés que el abstracto que pueda tener cualquier autoridad en que los servicios públicos funcionen correctamente", anota el juez: "Cualquier proceso en el que se discuta sobre los avatares de esas relaciones está perfectamente constituido con la sola intervención de Audasa y los usuarios o las entidades que puedan actuar defendiendo sus derechos".

El juez llega a destacar que en un escrito de 17 páginas "no ha sido capaz de mencionar qué norma la habilita para instar la intervención provocada de un tercero en el proceso". Las obras en el viaducto se prolongaron entre febrero de 2015 y junio de 2018, período durante el que se registraron colapsos con frecuencia, lo que no evitó que Audasa siguiese cobrando en todo momento el peaje íntegro de la autopista.