El impago de alquileres e hipotecas bancarias dio lugar durante el primer semestre del año a 338 ejecuciones de desahucio. El número se divide por igual, 169 lanzamientos en cada uno de los dos trimestres. La cifra es muy superior a la registrada en el primer semestre del 2018, con 224 ejecuciones, si bien el año pasado la huelga de los funcionarios judiciales redujo el número de asuntos tramitados por los juzgados. Los okupas desalojados apenas suponen el 5% de los casos, si bien se han incrementado.
La mayoría de los casos obedece a impagos de alquiler, bien en viviendas o en negocios. Uno de cada tres desalojos, sin embargo, se aplaza por tratarse de familias vulnerables para que los Servicios Sociales les encuentren un nuevo acomodo en virtud del convenio que entró en vigor hace dos años y que paraliza hasta ocho semanas el desahucio de inquilinos en riesgo de exclusión, gracias a un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, Xunta de Galicia y Federación de municipios.
El próximo lunes están previstos dos nuevos desahucios, en dos viviendas y en dos locales comerciales. "No sabes qué vas a encontrar hasta que llegas, si hay personas en riesgos de exclusión paralizamos el desalojo, y en pocas ocasiones hay que recurrir a la Policía porque los inquilinos nos hagan frente, a lo mejor una vez al mes. En cuanto llegan los agentes los afectados se calman", relata el letrado judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos, Fernando Varela. "Si no tienen ni para pagar un alquiler, lo normal es que necesiten ayuda de los Servicios Sociales. A los lanzamientos hay que ponerles día y hora. Cuando el acreedor requiere el pago si el afectado se opone, hay que fijar una fecha para el juicio y otra para el lanzamiento. Nunca se supera el plazo de un mes", explica el responsable del servicio.
