El último capitulo judicial del caso Odriozola lo escribirá el Tribunal Supremo. Transcurridos ya 20 años desde que el centenario edificio de la calle García Barbón de Vigo se desplomó, en este órgano superior acabará el recorrido de una causa eterna. Tras la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 10 confirmada por la Audiencia Provincial de Pontevedra que indemniza a las dos familias que decidieron seguir la lucha judicial hasta el final, el asunto cae en manos del Alto Tribunal ya que dos de las partes condenadas han recurrido en casación.
Los recursos fueron presentados por el contratista que dirigió los trabajos de demolición del edificio colindante al Odriozola y por la aseguradora Musaat. Ya formalizados sus escritos, lo primero que tendrá que hacer el Supremo es resolver si admite o no a trámite los mismos. Un exigente filtro previo que es clave para el futuro de estos recursos. Si la decisión es la inadmisión, ahí se pondrá punto y final a un procedimiento que se eternizó durante dos décadas en los juzgados -salvo el improbable supuesto de que alguna o algunas de las partes quisiesen continuar por la vía ya excepcional y extraordinaria del Tribunal Constitucional-.
Si los recursos de estas dos partes por el contrario se admiten, habrá una fase posterior en la que los magistrados del Supremo dictarán una sentencia en la que, en función de lo que valoren, podrán ratificar o no el fallo de Vigo. El resto de condenados -dos aparejadores y una constructora- no recurrieron.
El Odriozola se derrumbó en 1999. Una sexagenaria falleció y varias familias se quedaron sin hogar. Judicialmente hablando, la investigación empezó en la vía penal. Tras una larga instrucción, el caso acabó en absolución en 2011. Posteriormente, esa exculpación penal, todo un jarro de agua fría para los afectados, sería ratificada.
Dos familias continuaron en la vía civil representadas por Vicente Viso, abogado que está en el proceso judicial desde 1999. Y en 2017 el Juzgado de Primera Instancia 10 les daba razón. Entre la cuantía principal y la aplicación desde la fecha del siniestro de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), la indemnización para los demandantes supera en global los 1,6 millones. La sentencia la confirmó este 2019 la Sección Sexta, sala civil de la Audiencia de Vigo, que también vio un "nexo causal y directo" entre el desplome del emblemático edificio y la demolición del inmueble contiguo. Ahora el Supremo tendrá la última palabra.
