La sentencia del Supremo que tumbó el Plan de Usos del Puerto de Vigo -firme desde el pasado enero- ha puesto en guardia a Puertos del Estado. Con fracasar en su intento de convencer al Alto Tribunal de la "innecesariedad" de que someterlo a estudio de impacto ambiental, como alegaban los demandantes vigueses, ha bastado para que el organismo estatal asumiese que la tramitación de la Deup (Delimitación de Espacios y Usos Portuarios) presenta grietas. Agujeros que de no taparlos podrían generar una cascada de fallos judiciales similares en contra. Ante esta inseguridad jurídica junto al perjuicio que ocasiona en la gestión de dominio público portuario, Puertos del Estado desterrará de la normativa la obligación del estudio de impacto.

Aprobado en mayo de 2015 con Ignacio López-Chaves al frente de la Autoridad Portuaria, el Plan de Usos carecía de una evaluación de impacto ambiental cuando acoge en sus dominios áreas protegidas como las aguas adyacentes de las islas Cíes o la ensenada de San Simón. No fue una omisión fruto de un despiste o negligencia.

Praza da Estrela se había limitado a seguir las indicaciones ofrecidas por los asesores de Puertos del Estado en la larga tramitación previa del documento, quienes defendían que no era necesario el estudio de impacto al tratarse la Deup de no más que un instrumento delimitador, donde figura el uso que se reserva para cada una de las zonas solo que en un estricto sentido nominal, al contrario de lo que sucede con el Plan Especial, que sí clasifica el suelo urbanísticamente, reflejando lo que se puede o no construir. En cambio, pese al recurso del organismo estatal contra la sentencia anulatoria dictada por la Audiencia Nacional cuando el plan llevaba apenas dos años vigente, el Supremo la ratificó este enero.

Como consecuencia inmediata, este fallo judicial forzó la elaboración de un nuevo Plan de Usos. Adjudicada el pasado marzo a Iceacsa, en el concurso ganado por esta consultora se incluyó la actualización del Plan Especial, en vigor desde 1992 y modificado puntualmente en 2000 y 2002. "Así tendremos un blindaje total", justificó el presidente Enrique López Veiga.

Ahorraría tiempo

Ahora puede que el Plan de Usos lo tenga listo antes del año y medio estimado al ahorrarse el tiempo que consumiría ese análisis de impacto. Puertos del Estado se propone eliminar la obligatoriedad de este trámite en muy poco tiempo. De hecho ya ha informado a las autoridades portuarias, dentro de la ronda de consultas preceptiva ante un cambio normativo que afecta a todas por igual.

A preguntas de este periódico, Puertos del Estado explica que la aprobación del cambio relativo al instrumento delimitador del perímetro portuario "ha devenido urgente por la existencia de pronunciamientos judiciales contradictorios que han generado una situación de inseguridad jurídica que paraliza la adecuada gestión del dominio público portuario". "Debe solventarse a la mayor urgencia", reitera.

Respecto al momento, el departamento presidido por Salvador de la Encina aprovechará la publicación del Real Decreto que adaptará el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante (TRLPEMM) al Reglamento de la UE del 15 de febrero de 2017 "por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adaptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos". "Es el momento idóneo para realizar tal aclaración que evite los pronunciamientos contradictorios", zanja.