Los pantalanes instalados hace 17 años por la Cofradía de Pescadores San Francisco de Vigo en un extremo del paseo marítimo de Bouzas pronto se quedarán vacíos, o casi. El 90% de los titulares de sus 80 plazas, agrupados en la Asociación Puerto Deportivo de Alcabre, ratificaron este jueves en asamblea su negativa a pagar "otra vez" por retener unos amarres que han venido disfrutando en condición de "autorizados". Por el mismo mandato de la Autoridad Portuaria que ha tensionado la situación de otras tantas marinas de la ría, el cabildo vigués está obligado a regularizar su dársena cambiando el régimen de ocupación de la lámina de agua, de autorización a concesión. Para la asociación, el perjuicio económico aparejado siempre a esa modificación administrativa es en su caso "inasumible". El patrón mayor reiteró ayer su oferta de un descuento del 18% para quienes quieran retener los amarres, garantizando que lo recaudado se destinará a renovar la marina. Los afectados dudan de estas buenas intenciones "tras 15 años pagando por un mantenimiento inexistente", reprochan.
En el destino de los 500.000 euros que desde entonces, según cálculos del colectivo, suma lo pagado en cuotas mensuales para conservación reside la desconfianza con la que justifican su renuncia a las plazas. "Y siguen sin aclararnos adonde fue a parar el dinero abonado", se quejan. Tan drástica decisión la adoptan tras presentar varias contraofertas: en la primera planteaban que el cabildo les transfiriera la concesión por 48.000 euros (600 euros por plaza, "cantidad próxima" a la abonada en San Adrián de Cobres en un caso similar) y a cambio también asumirían la gestión; y la segunda, que la Cofradía siguiera al frente pero "dado su historial de incumplimiento de abandono en el mantenimiento" que esta tarea se hiciera a través de la asociación.
Ninguna de estas propuestas merecieron la atención de la cofradía, que ha dado a los afectados hasta final de mes para que comuniquen por escrito si renuncian o no a las plazas. En la citada asamblea celebrada en el Liceo Marítimo la mayoría expresó su disposición a abandonar las plazas en las próximas semanas salvo que los gestores acepten negociar. Otros pocos, en cambio, anunciaron ante el resto de los socios que denunciarían ante los tribunales las supuestas irregularidades cometidas por la cofradía.
En su defensa frente a estas críticas, el patrón mayor, quien lleva apenas siete meses en el cargo, empieza por recalcar que "cuando pagas por una autorización a ocupar una plaza sabes que no es para toda la vida". Iago Soto asume que haya personas que desconfíen de las buenas intenciones de la iniciativa que promueve ahora "hasta puede que algunos titulares hayan sido engañados por otros cuando pagaron por el amarre por falta de control de la Cofradía sobre esta clase de transacciones entre ellos, e incluso puedo admitir falta de mantenimiento". Pero insiste: "No hay afán recaudatorio en lo que pretendemos hacer que no es más que regularizar la situación y renovar la dársena".
Comprende la desconfianza
Soto se siente heredero de toda esta "desconfianza tal vez comprensible" pero precisamente para acabar con las razones que generaron tanto recelo desde el inicio de su mandato al frente del cabildo se propuso "poner orden en la gestión y mejorar el estado " de este puerto deportivo. No obstante discrepa de la principal crítica, la administración del dinero entregado para el mantenimiento. Alega que por la localización de los pantalanes, muy expuestos a los temporales, sufren desperfectos constantemente. Y si no se reparan, apunta, "es porque lo que se pagan en mantenimiento no da para tanto; es lo mínimo".
De todos modos, el patrón mayor mantiene el descuento ofrecido a los integrantes de la asociación que todavía quieran optar a una de las plazas. Defiende que los precios, pone por caso, los 2.500 euros (sin IVA) por un amarre de 6 metros durante 10 años "son bastante razonables para como está el mercado actual". Más todavía "si a cambio se harán con un amarre en una dársena renovada por completo, vigilada con cámaras y hasta con una persona al cuidado". "Y doy mi palabra de que el dinero que entregarían por la cesión de uso irá a una obra que presupuestamos sobre 200.000 euros. Es una cuestión de confianza", recalca sin cerrarse a reunirse con quienes se sienten perjudicados "para hablar o negociar siempre con criterios objetivos".
