09 de junio de 2019
09.06.2019

Los procuradores alertan de la elevada pendencia en los juzgados: más de 20.000 causas sin resolver

-Reclaman nuevas funciones para agilizar la justicia - Gestionaron más de 94.000 escritos en seis meses

09.06.2019 | 03:21
De izquierda a derecha; Carmen Sánchez, Bernardo Alfaya, Emilio Álvarez, Francisco Vaquero, Gisela Álvarez y José Antonio Fandiño. /FdV

Los procuradores de Vigo solicitan un cambio legislativo que les permita ampliar sus funciones en los juzgados y agilizar los trámites en la administración de Justicia. La iniciativa sigue la propulsada por el Consejo General de Procuradores de España para mejorar el funcionamiento de juzgados de toda España. Vigo es un caso especial, al ser una de las ciudades españolas de entre 250.000 y 500.000 habitantes que más pleitos judiciales genera y que acumula un mayor atasco. A cierre de 2018, los juzgados vigueses presentan un total de 20.063 asuntos sin resolver (en trámite) con asuntos, un 66% más que hace 4 años, tras crecer un 31% en el último ejercicio.

El cambio legislativo otorgaría a los profesionales de la procura poderes para la ejecución de embargos y diligencias, así como la entrega de notificaciones bajo control judicial. En Vigo, la modificación multiplicaría la capacidad del servicio común de los juzgados, a día de hoy con 15 profesionales, al poner a su servicio los 150 procuradores y procuradoras de la ciudad.

Además, los 151 procuradores y procuradoras colegiados en Vigo gestionaron un total de 1.125 notificaciones diarias en los últimos seis meses y más de 94.000 escritos. Los datos están recogidos en la última memoria de actividad presentada a todos los colegiados, y que constata la actividad judicial de Vigo y su partido judicial, que supera a ciudades como Bilbao o A Coruña en cifras de asuntos judiciales ingresados en 2018.

La junta directiva del Colegio de Procuradores ya ha concertado nuevas reuniones para las próximas semanas con el alcalde de Vigo y presidente de la Femp, Abel Caballero, así como con los nuevos representantes de la provincia en el Congreso de los Diputados para promover el cambio legal necesario para aumentar las competencias de los procuradores y conseguir agilizar la Administración de Justicia.

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