El proyecto del macrocentro comercial en Porto Cabral "sigue en pie" en la lista de proyectos de Intu a pesar de los problemas económicos a los que se enfrenta. Y es que la incertidumbre se cierne sobre el futuro inmediato del grupo inversor.

Si el diario londinense The Guardian informó en su día de una "gran caída" de sus ingresos por alquiler además de la incertidumbre que genera el Brexit, ayer el periódico económico Cinco Días aseguraba en su portada que Intu buscaba comprador par su proyecto de Costa del Sol y que incluso evaluaba la venta de los principales centros comerciales que tiene en España, es decir, Xanadú, Puerto Venecia y Parque Principado. La otra vía alternativa a deshacerse de su patrimonio para enjugar la cuantiosa deuda, sería la búsqueda de socios que compartiesen los costes y las inversiones comprometidas. A la espera de conocer qué decisión toma, la compañía ya ha rebajado sus previsiones económicas para 2019, según indicó el presidente ejecutivo de Intu, Matthew Roberts, que cifró esa caída entre un 4 y un 6%.

En medio de esos problemas económicos se encuentra el macrocentro comercial de Porto Cabral. "El proyecto sigue vivo, no ha cambiado nada", aseguró ayer un portavoz en Vigo de la firma de inversores, que mantiene que la búsqueda de inversores se está realizando para "otros activos" de la compañía.

El citado portavoz niega que Intu esté trabajando para encontrar un comprador para el proyecto del mayor centro comercial de España, en Torremolinos. "Se está buscando un socio, un partner financiero", afirma.

Además, recuerda los dos intentos de compra frustrados del grupo Intu por parte de su máxima rival, la Inmobiliaria Hammerson y posteriormente por un fondo saudí, una gestora canadiense y uno de sus propios accionistas. Ambas pujas decayeron e Intu llegó a perder el año pasado un 57% de su valor en Bolsa.

Mientras , Porto Cabral, presentado en 2013 y para el que se prevé una inversión de 650 millones, ha sufrido diversos reveses estos años, el último el intento frustrado en 2017 de forzar el apoyo de los partidos en el Parlamento gallego a partir de la recogida de miles de firmas ciudadanas, que finalmente fueron invalidadas.