"No es un desahucio, pero nos dio esa sensación. En cierto modo nos sentimos obligados a irnos". Habla un vecino de Vigo que hasta hace poco más de un año residía en el entorno en la avenida García Barbón, en un apartamento que alquiló durante varios años junto a su pareja. Pagaban de forma religiosa, sin retrasos y con un perfil solvente, pero cuando se cumplió el trienio de alquiler previsto en el contrato su casera les dio a escoger: o le abonaban un 25% más de renta todos los meses o abandonaban el piso. Negociando, consiguieron que la subida se quedase en el 20%. Con el paso del tiempo metieron sus cosas en cajas y se trasladaron a otro punto de la ciudad, a un piso que adquirieron en propiedad. El caso es particular, pero no aislado. Responde a una tendencia que reconocen las propias agencias inmobiliarias: alza de precios y escasez de oferta están endureciendo las condiciones que se encuentran los inquilinos cuando se plantean alquilar una vivienda en Vigo.
Cada vez es más frecuente, por ejemplo, que los propietarios exijan seguros de impagos a sus arrendatarios, una garantía que les blinda frente a posibles morosos, pero que a los inquilinos les acarrea un coste sensible que deben abonar todos los años. El requisito completa la fianza tradicional y en webs de búsqueda similares a Milanuncios o Idealista no es extraño encontrar otros requisitos, como disponer de una nómina de jornada completa, aportar un fiador -a menudo se exige que también este tenga nómina o sea pensionista con unos ingresos mensuales mínimos-, un aval bancario o depositar a modo de garantía una cantidad que equivale a varios meses. Hay contratos en los que incluso se establece que será el arrendatario quien asumirá el coste del IBI.
Repunte de precios
No solo se endurecen las condiciones; suben además, y de forma considerable, los precios. Según cálculos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), desde 2009 los arrendamientos en Vigo se han encarecido entre un 20% y un 25%, repunte que se concentró sobre todo en los últimos años. "El incremento de precios comenzó a partir de 2015 y de una forma notoria, dando señales de alerta, a partir del segundo semestre de 2017", apunta Benito Iglesias, de Fegein, quien advierte que el "problema" más grave se registra en las siete ciudades de Galicia.
"El incremento de la vivienda vacacional y la desconfianza de los propietarios con la nueva ley de alquiler deja la oferta en mínimos y con un panorama en las urbes gallegas preocupante. Los alquileres son inasumibles cada vez más para un segmento más amplio de la población y focalizando el problema en los jóvenes de menos de 35 años y las familias con ingresos inferiores a 18.000 euros", abunda el responsable de Fegein: "Con los últimos datos del sector inmobiliario gallego, vemos cómo solo hay 4.500 viviendas en alquiler en las cuatro provincias gallegas, lo que supone una reducción de más de un 45% en la comparativa interanual".
Iglesias lamenta la falta de planificación por parte de las administraciones autonómica y local y urge "aumentar la cantidad de suelo urbanizable para abaratar los precios" y, "de forma inmediata", habilitar vivienda social. En el caso de Vigo la falta de obra nueva contribuye al alza de precios, una circunstancia que podría variar en breve, una vez la ordenación provisional reciba el plácet definitivo.
El alza de los precios lleva a algunos propietarios -como el del primer ejemplo, de García Barbón- a que cuando finaliza el período del contrato exigen a los inquilinos una cuota mucho mayor. Los contratos firmados entre 2013 y marzo tienen duraciones de hasta tres años y los posteriores, de cinco. En ambos casos prorrogables si ninguna de las partes plantea lo contrario.
