El alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo condenado a cinco años de cárcel por irregularidades en la contratación en una concesionaria municipal de una cuñada de la teniente de alcalde, Carmela Silva, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La defensa de Francisco G.O. alega que se han conculcado garantías y derechos fundamentales de presunción de inocencia y de tutela judicial efectiva con respecto a su cliente.
La Audiencia de Pontevedra condenó el pasado febrero a Francisco G.O., por un delito continuado de prevaricación en concurso con los de malversación y falsedad documental, en relación con la contratación en una concesionaria de la cuñada de Carmela Silva, la actual presidenta de la Diputación de Pontevedra.
Además de la pena de cárcel, le impuso también la inhabilitación absoluta para el desempeño de cargo o función pública por un periodo de nueve años.
La Audiencia condenó al otro procesado en la causa, Ramón C.A., gerente de la firma concesionaria Imesapi, a un año y medio de cárcel por idénticos delitos pero en condición de cooperador necesario para la comisión de los mismos.
En ambos casos se les aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
En su fallo la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra señala que del análisis de las pruebas practicadas no se puede llegar a otra conclusión que la de que la contratación de la cuñada de Silva por parte de Imesapi fue "una mera simulación o ficción".
Una simulación que atribuye a Francisco G.O., con la colaboración de Ramón C.A. al facilitar éste "la cobertura de su empresa", Imesapi, y la expedición de "unas facturas falsas para asegurar una retribución indebida" a Vanesa F. B.
El tribunal considera probado que el alto funcionario de Vigo, en su intención de "favorecer" a la cuñada de Silva y que ello se hiciera a través de la entidad del otro acusado, "vino a tomar parte en un plan" por el que, a través de contratos menores, se venía a asegurar la adjudicación directa de las nueve encuestas a Imesapi.
También recalca que era decisión suya que dichas encuestas encargadas a Imesapi se concedieran por la vía de los contratos menores, así como que la persona contratada fuera precisamente la cuñada de Silva "y no cualquier persona que surgiera de los servicios públicos de contratación o empleo".
