Los atascos que durante meses padecieron los conductores día sí y día también en el puente de Rande pueden salirle muy caros a Audasa. Los transportistas de Galicia acaban de impulsar una reclamación colectiva para que los profesionales exijan a la concesionaria de la AP-9 los peajes que abonaron en el entorno del viaducto entre febrero de 2015 y junio de 2018, los 40 meses que se prolongaron las obras de ampliación y durante los que Rande se convirtió a menudo en una auténtica ratonera, con retenciones kilométricas, carriles cortados y maquinaria y operarios ocupando parte del tablero.
Para dar forma a la reclamación, sus impulsores, Apetamcor y Ascentra, dos de las principales asociaciones de transportistas de Galicia, han constituido la Plataforma de Afectados por la AP-9. Su petición se suma a las promovidas en los últimos meses por la Fiscalía de Pontevedra y En-Colectivo. A diferencia de ellas, que reclaman la devolución de peajes solo para particulares, la nueva plataforma representará a empresas y profesionales. Prueba del impacto que los atascos tuvieron sobre el tejido económico es que En-Colectivo acaba de anunciar también que promoverá su propia plataforma para aglutinar reclamaciones de negocios.
Durante la presentación de la iniciativa, el gerente de Apetamcor y coordinador de Transportistas.gal, Alberto Vila, insistió en que pueden sumarse a la reclamación todos los negocios, empresarios, autónomos y profesionales que hayan padecido los atascos de Rande entre febrero de 2015 y junio de 2018. Para interponer su reclamación, cada uno tendrá que abonar 80 euros. Ayer Vila estimaba que solo en Galicia hay cerca 500 empresas de transporte susceptibles de sumarse a la demanda, a la que no descartó que se adhieran camioneros de otras partes de España o el norte luso que usan la AP-9.
La plataforma valoró incluso el coste que podría tener para Audasa su reclamación colectiva, en el caso de que logre captar el interés de las empresas afectadas y salga adelante. El letrado Xoan Pérez-Lema, del despacho de abogados que impulsa la iniciativa junto a Apetamcor y Ascentra, explicó a modo de ejemplo que una empresa podría pedir cerca de 18.000 euros por cada camión que realizase una media de 20 viajes mensuales entre Vigo y Pontevedra. La cantidad -desgranó- incluye tanto la devolución de peajes, como las indemnizaciones y juros legales, conceptos que la plataforma demandará a Audasa por cada afectado.
En lo que sí coinciden la Federación Galega de Transportistas, Fiscalía y En-Colectivo son los argumentos en los que sustentan sus reclamaciones. El principal es que durante las obras de ampliación Audasa no garantizó el nivel de prestaciones que se espera de una autopista y por el que pagan los conductores. "La concesionaria tiene que ofrecer un servicio mínimo de comodidad y seguridad y si no lo hace está incumpliendo su contrato", reivindicó Pérez-Lema. El abogado recordó que las obras se planificaron con antelación, por lo que la gestora de la AP-9 dispuso de tiempo suficiente para ofrecer un plan alternativo. En caso contrario y ya que los servicios de la autopista estaban muy limitadas, incidió, lo lógico habría sido no cobrar los gravámenes habituales.
Otro punto en el que la federación coincide con En-Colectivo y asociaciones profesionales como Asetranspo es en cuestionar las razones esgrimidas por Audasa para defender su postura. En su memoria de 2018, la concesionaria alega que los conductores estuvieron informados en todo momento de las obras, por lo que podrían haber optado por una "alternativa" para desplazarse. Ayer los transportistas recordaron que usar la red de carreteras nacionales para viajar entre el sur y norte de Galicia requiere a menudo el doble de tiempo que hacerlo por la autopista.
