Incluso cuando todavía desconocen la cantidad exacta, lo más habitual es que las empresas reserven los fondos necesarios para asumir responsabilidades cada vez que se ven inmersas en un conflicto judicial, extrajudicial o administrativo provocado por su actividad. Ocurrió, por poner algunos ejemplos muy conocidos, con las antiguas cajas de ahorros y las reclamaciones de los afectados por las preferentes; o con todo el sector financiero en el caso de las cláusulas suelo de las hipotecas. La ley contable obliga a hacerlo. Es necesario dotar el dinero si hay una probabilidad alta de que se acabe ejecutando y aconsejable mencionar en las cuentas, al menos, la situación y el hipotético impacto si el riesgo no es muy elevado. Que es lo que parece pensar Audasa sobre la demanda de la Fiscalía para el reintegro del peaje a los conductores afectados por los continuos colapsos y, especialmente, en el puente de Rande, durante los 40 meses de obras de ampliación. La concesionaria de la AP-9 descarta el "cobro abusivo" del que le acusa el Ministerio Fiscal y no aprovisiona ni un euro para la posible devolución millonaria.

La compañía que explota la principal carretera de pago en Galicia se ciñe en su memoria de 2018 a señalar que, efectivamente, existe una acción colectiva de cesación de "la práctica abusiva", con la solicitud de "restitución de las cantidades cobradas" e "indemnización de daños y perjuicios". La denuncia mantiene que las obras afectaron "de forma relevante y contante" a la fluidez del tráfico y mermaron "las condiciones de seguridad". Audasa revela que por el momento se limitó "a atender algunas peticiones de información" de la Fiscalía. "Los administradores entienden -continúa- que la sociedad ha actuado en todo momento de acuerdo con su contrato concesional".

Y va más allá. La concesionaria intenta escudarse en el Gobierno, asegurando que todo se hizo "con el conocimiento y autorización de los organismos responsables", entre los que menciona al Ministerio de Fomento, la Delegación del Gobierno y la Dirección General de Tráfico. "Las obras se han ejecutado de acuerdo con la normativa vigente, garantizando la seguridad de usuarios y trabajadores, y, en todo caso, con la menor afección posible al tráfico", añade en el informe de gestión de sus cuentas de 2018, con los mayores ingresos de los últimos siete años -144,1 millones de euros- y un beneficio de 40,8 millones, que no es también el más alto desde la crisis por la subida de las amortizaciones tras los trabajos de Rande.

Dentro de esa defensa de su actuación en los momentos de colapsos, Audasa llega a decir que los conductores estuvieron en todo momento informados a través de "los paneles y señales de mensaje variable" instalados tanto en los accesos de la autopista como a lo largo de la misma, "así como en la página web de la DGT". "Permitiendo, por tanto, al usuario -esgrime- optar por su utilización o elegir otra vía alternativa". Por todo esto, la concesionaria no considera "necesario" dotar una provisión por futuras indemnizaciones porque "las consecuencias de este procedimiento no darán lugar a ninguna responsabilidad".