La Fiscalía de Pontevedra presentó en diciembre una demanda colectiva contra la concesionaria de la AP-9, Audasa, por supuesta práctica abusiva en el cobro del peaje durante las obras de ampliación del puente por mantener invariables las tarifas, pese a las restricciones de tráfico. Pero al ser efectuada por el fiscal de consumo, solo pueden sumarse a ella particulares. Por ello, la Federación Galega de Transportistas (Transportistas.gal) y el despacho Xoan Antón Pérez-Lema Avogados han promovido la creación de una plataforma para que las empresas, autónomos y profesionales liberales que lo deseen se una en una reclamación colectiva.

La plataforma se presentará el próximo jueves en el Círculo de Empresarios de Galicia. En ella están adscritas la Asociación Empresarial de Transportes de Mercancías por Estrada (Apetamcor) y la Asociación Gallega de Empresarios del Transporte (Ascentra). El coordinador de Transportistas.gal, Alberto Vila, explica que durante los 40 meses que duraron las obras de la ampliación de la AP-9 -de febrero de 2015 a junio de 2018-, Audasa no prestó el servicio en las condiciones necesarias de fluidez y seguridad tanto y no solo en horas punta. Sin embargo, siguió cobrando los peajes e, incluso, aplicó una subida el 1 de enero de 2018. Algo que consideran "abusivo".

Proponen la unión de las empresas afectadas del sector, pero también de otras de fuera, para costear una reclamación conjunta de devolución de lo pagado en los peajes. Solo un viaje de ida y vuelta al mes, durante estos 40, para un camión en el tramo Vigo-Pontevedra son 2.688. Estudian reclamar otros perjuicios sufridos por los retrasos en los trayectos.