El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, ha anunciado que esta entidad ha limitado el fondeo de buques en las Illas Cíesl con, al menos, fuerza 8 y que estos deberán utilizar un práctico y un remolcador si es preciso, así como asumir su coste.

López Veiga ha concretado que, en el documento de Instrucción Complementaria al Fondeo de Buques, se incluye esta medida, que ya ha sido puesta en marcha, según ha indicado en una rueda de prensa celebrada este viernes en Vigo tras la reunión mensual del Consejo de Administración.

De este modo, en el caso de que los buques necesiten fondear en Cíes por las condiciones meteorológicas, deberán nombrar un consignatario, que actuará por cuenta del propietario. Además, cuando tengan lugar fuertes temporales, para ayudar a las maniobras, deberán contar con un remolcador y tendrán que ser fondeados por los prácticos. El coste de la prestación de estos dos servicios será asumido por los propietarios de los navíos.

Así, el presidente de la Autoridad Portuaria ha señalado que se aspira a evitar que el fondeadero de Cíes "se convierta en un punto de apoyo para la competencia" ejercida por parte de otros puertos. No obstante, ha asegurado que se continuará con la prestación de "facilidades" en materia de salvamento.

Subarrendamientos

En otro orden de cosas, ha avanzado que, para evitar la especulación, los interesados en llevar a cabo un subarrendamiento de espacios situados en lonjas y tinglados del puerto deberán remitir a la Autoridad Portuaria una "memoria explicativa" en la que se detallen las causas que lo motivan. Además, el Puerto de Vigo deberá concretar las razones que han llevado a la aceptación o a la denegación de cada solicitud.

Esta iniciativa busca reducir el aumento "exponencial" del coste de los locales, que López Veiga había achacado a los subarrendamientos y a la especulación generada con los mismos.

Preguntado por la reunión mantenida con la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo (FUPV) para abordar el aumento de las tasas de ocupación de los locales de exportadores y comercializadores, ha indicado que estos han opinado que estas no eran correctas, pero López Veiga ha vuelto a insistir en que la modificación se debe al cumplimiento de la legislación portuaria y en que no es negociable.

En concreto, el incremento del gravamen desde el 0,5 por ciento vigente desde enero de 2011 hasta el 6,5 se efectúa en el momento en el que se renuevan las licencias de estos locales.

Por otra parte, ha indicado que espera regular "en el plazo de un mes" la situación con Audasa en relación al coste que esta debe asumir por la explotación del puente de Rande, situado en terreno portuario. La empresa ha aceptado tras abonar 360.000 euros en sanciones impuestas por el incumplimiento del pago e interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

A preguntas de los medios, López Veiga también ha valorado el funcionamiento de la lonja tras la separación de los espacios de primera y segunda venta y ha apuntado que se llevarán a cabo distintas reformas en la misma, como la habilitación de un espacio cubierto de aparcamiento para minoristas y la creación de una nueva sala de subastas.