Tres años y tres multas después, Audasa se rinde. La concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9) accede por fin a pagar las tasas que desde 2016 le ha venido reclamando el Puerto de Vigo por la construcción del puente de Rande sobre aguas de su jurisdicción y la sustanciosa actividad económica que obtiene del viaducto por medio de los peajes. Un cambio de actitud que formalizó ayer en una reunión en Praza da Estrela en la que directivos de la compañía entregaron la solicitud de concesión administrativa, lo que supone el inicio del trámite que definirá cuánto apoquinará al año por ambos conceptos. Con este paso la titular de la autopista consigue evitar la cuarta sanción por importe de 240.000 euros que el Consejo de Administración tenía previsto ratificar en su reunión de esta mañana.

La decisión de Audasa se produce tras abonar 360.000 euros en sanciones impuestas por infracción grave ante el incumplimiento de las obligaciones tributarias reguladas en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 2011. La misma norma por la que toda empresa concesionaria del Puerto, como una planta frigorífica, paga tasas por el terreno que ocupa y el beneficio que extrae de sus instalaciones. Sin embargo, la titular de la autopista nunca aceptó -así lo hizo constar en todas las alegaciones a los expedientes infractores abiertos- los argumentos en los que Praza da Estrela se basaba para multarla sino que entendía que podría seguir disfrutando del gratis total aunque fuera solo por el hecho del casi medio siglo que lleva abierto al tráfico el viaducto. Y tanto lo creía que trató de frenar el goteo de sanciones recurriendo al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

A estos antecedentes hay que sumar un episodio que indignó por completo al presidente Enrique López Veiga. Cuando a finales del año pasado, creyendo que la compañía daba por perdido el pulso tras recibir una comunicación verbal en la que anunciaba un supuesto cambio de actitud, paró la cuarta sanción. Después de asumir que había "engañado", a la advertencia lanzada al inicio en 2016 del enfrentamiento, aquella de que "Audasa acabará pagando a base de multas", el dirigente amplió el tono de sus declaraciones con un rotundo "seremos implacables" con el que cerraba la puerta a nuevo perdón.

Precisamente por esta sonora decepción Veiga tenía claro que nunca más volvería a confiar en la palabra de la empresa salvo que la plasmara por escrito. Y de esto se encargaron ayer dos directivos de Audasa, Ana Fernández y José César Canal, al entregar en mano a la directora de la Autoridad Portuaria, Beatriz Colunga, una copia de la solicitud de concesión administrativa sobre dominio público portuario por el puente de Rande y sus accesos. Un trámite que la concesionaria de la autopista formaliza a través del Ministerio de Fomento como propietario de este vial.

De la reunión mantenida por espacio de una hora en la sede portuaria, los directivos de la compañía salieron con el compromiso de que la cuarta sanción que el Puerto había reactivado y que de hecho figuraba en el orden del día de su Concejo de Administración quedaría en suspenso. De no ser así, el importe total de las multas ascenderían a 600.000 euros, una cantidad que siempre figuraron en las cuentas portuarias como "provisiones" ante la posibilidad de que tuviera que devolverlas por perder el litigio abierto por Audasa ante el alto tribunal gallego o bien porque ambas partes llegaran a un entendimiento.

Esta y otras cuestiones formarán parte de una larga lista que debería aclararse en los próximos meses. Como la cantidad final en la que quedarán las tasas por los citados conceptos, inicialmente fijada por la Autoridad Portuaria en torno a los 70.000 euros anuales; y si además del espacio que ocupan los pilares del puente cobrará por el "sobrevuelo", la superficie equivalente en el agua al tablero del viaducto. También faltaría por saber el resultado de esos acalorados avisos lanzados desde Praza da Estrela en cuanto a reclamarle a la compañía la retroactividad desde 2011. Y por último, qué pasara con el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el TSXG.