Los gallegos se enfrentan a una auténtica odisea para que la Xunta valore su grado de discapacidad, un trámite imprescindible para poder cobrar una pensión, conseguir la tarjeta para aparcar en las plazas destinadas a personas con movilidad reducida o alguna minusvalía y también para acceder a beneficios fiscales o sociales. Esa odisea se hace patente en la provincia de Pontevedra más que en ninguna otra. La ciudad del Lérez se lleva la palma, con una espera media de dos años. Vigo es la segunda urbe gallega con más demora. Dieciséis meses -casi año y medio- tienen que esperar los vigueses y los vecinos del área para que le reconozcan la minusvalía.
El motivo de estos enormes plazos, según los propios trabajadores de los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) que se encargan de llevar a cabo este trámite, es la falta de personal. La Consellería de Política Social destinó recientemente a las delegaciones de Vigo y Pontevedra equipos de refuerzo, pero fue algo puntual. Precisamente este refuerzo permitió reducir esas interminables esperas a la cifra actual. En Pontevedra, por ejemplo, hasta entonces la demora era de tres años. Ahora vuelve a existir el temor de que los plazos se vuelvan a disparar.
Los EVO están formados por un médico, un psicólogo y un trabajador social. Lo que demandan los propios empleados y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia es que esas incorporaciones auxiliares no sean temporales sino que sean fijos. "La solución no es un parche de nueve meses, sino contratar equipos permanentes en el tiempo o, al menos, hasta que la situación se normalice", explican desde el Colegio de Trabajo Social. Según fuentes cercanas, La Xunta está barajando la posibilidad de volver a contratar los equipos de refuerzo durante otros nueve meses tanto para Vigo como para Pontevedra, Santiago, Ferrol y A Coruña.
Lugo, por ejemplo, no los necesita, pues la espera se reduce a cinco meses. A Coruña se sitúa justo detrás de Vigo, con quince meses.
La sede del Equipo de Valoración y Orientación de la Xunta de Galicia en Vigo estuvo históricamente en la calle Torrecedeira. No obstante, la oficina cerró para trasladarse a un anexo del centro de salud de La Doblada. El lunes, martes y miércoles de esta semana estuvieron de mudanza por lo que no estuvieron abiertos a la ciudadanía, no pudiendo realizar ningún trámite, lo que tampoco ayuda a agilizar un servicio totalmente colapsado.
Las personas que están en lista de espera son de distinto perfil. Hay gente mayor, joven e incluso niños. Puede tratarse de una discapacidad física, intelectual, psíquica o sensorial. Cualquiera que sufra una limitación o restricción que le impida trabajar o llevar una vida normal tiene derecho a acceder a las ventajas y beneficios que ofrecen las administraciones públicas. Pero primero deben ser evaluados por los equipos de valoración de la Consellería de Política Social. Deben presentar una solicitud, pasar un reconocimiento médico, se valora su grado de discapacidad y finalmente se emite el certificado que acredita su situación. Para beneficiarse de las ayudas es necesario que el grado de minusvalía se superior al 33%. Cuanto mayor sea la discapacidad, mayores serán los beneficios a los que se tendrá derecho.
El Colegio Oficial de Trabajo Social está recopilando datos para lanzar las próximas semanas una campaña en medios de comunicación, partidos políticos, federaciones, asociaciones y colectivos sociales para concienciar de un problema que consideran muy grave. No descartan además acudir a la vía judicial.
En la actualidad hay casi 14.000 gallegos esperando a que se valore su grado de discapacidad.
