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Los hermanos Hermida, en busca y captura, afrontan 4 años de cárcel por cursos "fantasma"

La jueza abre juicio a los empresarios, que están fugados, por lo que probablemente sumarán otra orden de busca ► Aparentaban que sus trabajadores tenían formación especializada

Los hermanos, en un juicio en 2017, antes de fugarse. // A. Villar

Los hermanos Manuel y Alfredo José Hermida Rodríguez pusieron tierra de por medio hace ya más de un año. Condenados por fraude fiscal y pendientes de juicio en otras causas, a día de hoy continúan en paradero desconocido pese a acumular varias órdenes de busca y captura. Sin embargo, y en la medida de lo posible, algunos de los procedimientos contra ellos siguen su curso. Es lo que acaba de ocurrir con uno de los casos más importantes, el de los supuestos cursos "fantasma" de formación a vigilantes de seguridad que trabajaban en una de sus empresas, Compañía de Protección y Vigilancia Galaica. Porque la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Vigo acaba de abrir juicio contra ambos empresarios y contra el que era apoderado de la sociedad, tras presentar el fiscal su escrito de acusación en el que solicita 4 años y 9 meses de prisión para cada uno por un delito continuado de falsedad documental y otro de infidelidad en la custodia de documentos.

¿Qué ocurrirá ahora? A estos dos hermanos se les ha emplazado para acudir al juzgado y notificarles personalmente dicho auto. Salvo sorpresa mayúscula, no lo harán, por lo que el tribunal dictaría una requisitoria, que se unirá a las que ya tienen en otras causas. Con respecto al apoderado que está acusado con ellos, M.H.B., deberá decidirse si se le puede enjuiciar por separado -la vista oral sería en uno de los juzgados de lo Penal de la ciudad- o si habría que esperar al hipotético supuesto de que los Hermida llegasen a ser localizados. Aunque hubo rumores sobre su posible paradero, lo cierto es que se ignora el lugar al que se fugaron.

El caso de los cursos falsos de formación se descubrió en 2015. Como consta en el auto de apertura de juicio con fecha de este 5 de abril, junto a la pena de cárcel, el fiscal pide multa de 31.500 euros para cada acusado. ¿En qué consistía esta trama que puso en el punto de mira judicial a la empresa de seguridad de la que eran titulares los Hermida? Los hechos ocurrieron entre 2010 y 2013, cuando los acusados, supuestamente con el fin de aparentar que vigilantes que tenían contratados contaban con una formación obligatoria y especializada de la que carecían, estamparon en las cartillas profesionales de éstos la realización de cursos que en realidad estos trabajadores no habían realizado. Para ello, además, añadían el sello de una academia dedicada a este tipo de formación. En el caso de este centro de estudios, el Ministerio Público estima que no está acreditado que ni su responsable ni sus empleados conociesen o tuviesen intervención en estos hechos.

La investigación policial y judicial determinó que casi una veintena de vigilantes -que ignoraban que sus cartillas estaban falseadas- resultaron afectados. Los cursos que les anotaron en su documentación fueron principalmente de vigilancia en eventos deportivos y espectáculos públicos, así como de inmigración y criminalidad, y ya en menor medida se acreditaron falsamente otros de comunicación asertiva o de trabajo en equipo.

Lo que la empresa buscaba presuntamente con este engaño era "aparentar" que sus trabajadores tenían esa formación obligatoria y bonificar además cuotas de Seguridad Social de sus vigilantes. De hecho, con esta apariencia de que los vigilantes estaban especializados lograron contratos para acontecimientos deportivos como partidos de fútbol. Todo se descubrió por la denuncia de un trabajador, al ver que en su tarjeta profesional figuraba un curso que no había hecho. Después denunciaron dos vigilantes más. Cuando en la investigación policial se requirió a la empresa las cartillas de todos sus empleados, la respuesta fue que las habían "extraviado".

Los Hermida se fugaron en 2018, cuando su ingreso en prisión era inminente por una condena firme por delito contra la Hacienda Pública. Entre sus causas pendientes hay otra de un presunto fraude de 910.000 euros a la Seguridad Social.

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