El pasado 4 de octubre de 2016, la Guardia Civil precintaba y desmantelaba un almacén clandestino de elaboración y venta de productos cárnicos ubicado en el barrio de Coia. Este fue el hallazgo en el que desembocó una investigación del Instituto Armado que se saldó con la detención de dos personas y la retirada de hasta 1.000 kilos de carne por el deficiente estado higiénico-sanitario en el que se encontraban estas instalaciones. Judicializadas las actuaciones, y tras casi tres años de investigación, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Porriño, en el auto en el que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, concluye sus pesquisas y atribuye a la persona que regentaba el almacén presuntos delitos continuados contra la salud pública y falsedad en documento mercantil así como receptación y usurpación de identidad. Tras este paso, dio traslado a las acusaciones para que presenten sus respectivos escritos.
En el auto, la jueza señala que la mercancía adquirida era almacenada y procesada en dicho almacén, donde tras la inspección de la Consellería de Sanidade, se hallaron "dos arcones congeladores y una cámara frigorífica" con diversos productos cárnicos así como útiles para el corte y embalado, cuchillos y machete de carnicero, sacos de sal y varios enseres de anticongelante y refrigerante. También se localizaron "costillas de carne sumergidas en agua, diversos productos cárnicos en una base de salazón semicubiertos de sal y rollos de etiquetas con la inscripción "consumir preferentemente antes de".
La magistrada sostiene en su auto que estas instalaciones se encontraban "en muy mal estado", acordándose por la Xunta de Galicia tan solo un día después de la inspección, el 7 de octubre de ese mismo año, la "suspensión de la actividad" del establecimiento por "carecer de las autorizaciones y registros sanitarios perceptivos".
Esta causa principal se originó gracias a una detención previa producida tan solo cuatro meses antes -en abril de 2016- y que dio la pista a los agentes para investigar. Y es que el hombre que regentaba este supuesto almacén ilegal compraba, según el auto de la magistrada instructora, la mercancía a "otros sin identificar" y al empleado de una empresa dedicada al tratamiento y comercialización de productos cárnicos de O Porriño, que fue acusado de un delito continuado de hurto en dicha firma.
Fue precisamente el rastro de estos productos cárnicos sustraídos lo que llevó a los agentes a descubrir el almacén de Coia, ya que era aquí donde presuntamente se almacenaban para su posterior distribución a "minoristas y restaurantes de Vigo y zona metropolitana".
Delito leve de hurto
Este pasado 13 de febrero, el empleado de la empresa porriñesa fue condenado por el Juzgado de lo Penal 3 de Pontevedra por dichos hurtos a una pena de multa de 450 euros. La Fiscalía solicitaba inicialmente para él 14 meses de prisión pero modificó sus conclusiones al "no constar cuál fue la cantidad exacta de carne sustraída ni el valor de la misma", reduciendo así la pena solicitada y el grado del delito, que finalmente fue considerado como un delito leve de hurto.
La magistrada entiende también que todos estos productos fueron adquiridos "fuera del cauce legal" mientras que en las facturas que se les entregaba a los restaurantes, tiendas o locales minoristas figuraban como emisor otras personas de los que el investigado tenía sus datos porque "les compraba carne al por menor".
Los productos cárnicos que fueron incautados en esta operación fueron valorados por la perito en 2.224 euros si bien se hallaron dos talonarios con ventas por valor de 15.661 euros realizadas desde febrero a agosto de 2016.
