Una sentencia es papel mojado si no se pone en marcha la maquinaria judicial encaminada a darle cumplimiento. La ejecución de las resoluciones que dictan los magistrados es una de las labores más desconocidas de las que se realizan en los juzgados. Pero se trata de un trámite clave y en muchas ocasiones farragoso y complejo por las dificultades que pueden surgir. Y a estos escollos se une el gran volumen de estos expedientes que se abren y se van acumulando. De ello dan buena fe las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que arrojan que a 1 de enero de este 2019 había en los juzgados vigueses más de 19.500 ejecuciones en trámite. Es decir, todavía pendientes. Y la gran mayoría, el 75%, son de causas de las salas de Primera Instancia. ¿De qué materia? Pues un porcentaje muy alto de procedimientos son dinerarios. Es decir, impagos que pese a existir ya una sentencia persisten. Y en no pocas ocasiones durante décadas.
La jurisdicción civil -juzgados de Primera Instancia, Familia y las demandas de materia matrimonial de la sala especializada en violencia sobre la mujer- está a la cabeza en Vigo en número de ejecutorias. En 2018 se registraron 2.804 nuevas resoluciones para darle cumplimiento, mientras que se resolvieron 3.710. Pero el ejercicio se cerró con algo más de 15.700 pendientes. De esta última cifra, casi 14.700 son de los tribunales de Primera Instancia. "Las sentencias que se mantienen en el tiempo sin poder ejecutarse son sobre todo por deudas: pólizas, préstamos, otros impagos de diversa índole...", explica la letrada de la Administración de Justicia (secretaria judicial) de uno de estos juzgados.
Para entender el proceso, tras dictarse una resolución y adquirir firmeza, si el deudor no paga y carece de dinero o bienes que embargar, la ejecutoria sigue un tiempo abierta. Transcurrido un año sin que el acreedor pida ninguna nueva gestión, ese expediente pasa a un estado de archivo provisional, aunque el demandante puede volver a solicitar la reapertura en el futuro. Esta situación se vive en la actualidad con ejecutorias de hace décadas, de los 80 y 90. Es consecuencia por ejemplo del fenómeno de los "fondos buitre", que están "despertando" viejos litigios en su ánimo de cobrar esas deudas. Pero también están solicitando que se reabran antiguos expedientes varios bancos. "Son trámites que suelen conllevar mucho trabajo", señalan en estas salas.
Junto a las cuantías que no se logran cobrar, se da también la circunstancia de que muchas deudas elevadas reconocidas en una resolución judicial mantienen durante años la ejecutoria abierta ya que los sentenciados van pagando ese importe en plazos mensuales.
Tras la jurisdicción civil, es la penal la que genera más sentencias para ejecutar. Y concretamente, la mayor parte del trabajo recae en los juzgados de lo Penal, que además de dar cumplimiento a las sentencias de estos tribunales, les compete a mayores los fallos de los juicios rápidos por conformidad de las salas de Instrucción.
La ejecución en este ámbito consiste en requerir a un condenado para que ingrese en prisión, abone una multa o indemnización, haga trabajos en beneficio de la comunidad o cumpla una pena de alejamiento. En estas salas se abrieron el pasado año 1.666 ejecutorias y se lograron resolver más de 2.500. Quedaron 2.394 pendientes, cifra superior a la de justo un año antes, cuando fueron 1.829. El incremento fue de un 30%. Una situación que entre otras circunstancias es achacable a la huelga de funcionarios, que demoró la tramitación de muchos expedientes, especialmente los de conductores condenados a multa o trabajos sociales por ir sin carné o dar positivo en alcoholemia.
Otras jurisdicciones
En las restantes jurisdicciones las cifras de las ejecuciones son mucho más bajas. En la social 2018 se cerró con 839 pendientes, menos que en 2017. Y en la contenciosa-administrativa solo con 36, lo que se explica porque registran pocas. El año pasado, por ejemplo, 76.
