Un año de cifras récord. Con esta frase se puede resumir el balance judicial de 2018 en Vigo. ¿Los motivos? El primero es que los juzgados registraron su cifra más baja de nuevos asuntos. Por primera vez se situó por debajo de los 50.000. Para entender la trascendencia de este descenso basta remontarse a los años más duros de la recesión económica, cuando se llegaron a superar los 100.000. La superación de la crisis y varias reformas que afectaron de lleno a la jurisdicción penal explican el escenario actual. Y el otro récord está en las causas pendientes de resolver. Nunca se había contabilizado un número tan elevado. Y es que en un solo año se dispararon un 30% hasta situarse en algo más de 20.000. La larga huelga de funcionarios judiciales y el aluvión de demandas de cláusulas suelo son las claves de este atasco.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó ayer las estadísticas sobre la actividad judicial de 2018. En Vigo, sus 35 juzgados -a los que hay que añadir los que hacen labores de refuerzo- registraron 49.939 asuntos, un 6% menos que en 2017. Nunca hubo una cifra tan baja, al menos en comparación con los balances realizados por el órgano de gobierno de los jueces, que aportan estos datos desde 2007. Las cifras del pasado año suponen la mitad del volumen de trabajo que había en los años de crisis. Y al acusado descenso que se viene registrando desde entonces también contribuyeron dos cambios legales vigentes desde 2015 que desplomaron la actividad en los juzgados de Instrucción: la ley que sacó de los tribunales los atestados policiales de delitos sin autor conocido y la despenalización de ciertas infracciones leves, como las que derivaban de los accidentes de tráfico.

Pese a esta bajada de pleitos en Instrucción, la jurisdicción penal continúa siendo la que aporta más procedimientos a la estadística judicial en Vigo. En 2018 entre los tribunales instructores, el de Violencia contra la Mujer y los de lo Penal sumaron 25.528 casos, la mitad del volumen total. Le siguen los asuntos civiles -los que registran las salas de Primera Instancia y las de Familia-, que fueron casi 17.900. En tercer lugar está la jurisdicción social, con 5.504 procedimientos laborales y, finalmente, la de lo contencioso-administrativo, en cuyos juzgados entraron 1.039 demandas. La actividad bajó en todos los tribunales excepto en los que llevan materia laboral -el Ministerio de Justicia ya anunció que se creará un nuevo juzgado de esta especialidad en Vigo- y en los que se encargan de los litigios contenciosos.

Si lo que se analiza es el número de asuntos resueltos, en 2018 fueron algo más de 44.000. Ya por tipo de resoluciones, en los juzgados vigueses se dictaron 10.581 sentencias, 21.706 autos y 10.086 decretos.

Y en cuanto a los procedimientos que quedaron sin resolver, los que a 1 de enero de 2019 estaban todavía en trámite, se ha alcanzado la cifra récord de 20.063. Nunca, al menos desde 2007, se habían sobrepasado los 16.000. Para entender lo que ha ocurrido hay que referirse en primer lugar a la huelga de funcionarios judiciales, que paralizó la actividad durante tres meses -entre febrero y mayo de 2008- y que ha contribuido a este retraso en la resolución de asuntos.

Pero el paro no es la única razón de que se haya llegado a este abultado número de casos a la espera de sentencia. El otro motivo es el aluvión de demandas de cláusulas suelo de los últimos años. De hecho, 4.200 de estos procedimientos pendientes son de materia bancaria. Tres magistrados se dedican ya en Vigo a resolver estos litigios y se ofertaron otras dos plazas para que más jueces hagan labores de refuerzo y ayuden a deshacer el colapso.

Ejecuciones

Junto al balance de asuntos registrados, resueltos y pendientes, otro de los indicadores que aporta la estadística del Poder Judicial es el de los procedimientos de ejecución de sentencias, es decir, los trámites que se realizan para garantizar el cumplimiento de lo que deciden los magistrados en sus resoluciones. Los datos evidencian que 2019 arrancó con 19.500 de estas ejecutorias en trámite: más de 15.000 son civiles, otras 2.900 son penales y las restantes de las otras dos jurisdicciones.