Un atasco que continúa creciendo mientras se buscan medidas para reducir lo que sin duda es un verdadero aluvión de litigios. Más de 4.200 demandas de cláusulas suelo permanecen a la espera de respuesta en los dos juzgados especializados de Vigo. Esta cifra de asuntos pendientes es la más alta desde que en junio de 2017 se puso en marcha el plan especial para enjuiciar y sentenciar la avalancha de pleitos bancarios que se produjo a raíz de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que trajo consigo la retroactividad total en materia de suelo hipotecario. Tres magistrados se dedican en exclusiva a resolver estos casos en la ciudad olívica. Pero no son suficientes. Por ello, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha convocado dos plazas más de jueces para que ayuden en esta labor. Concretamente, de lo que se trataría es que esos profesionales hagan labores de refuerzo durante seis meses para deshacer el colapso. Si efectivamente se incorporan, la medida permitirá que Vigo cuente con un total de cinco magistrados dedicados a estos casos de cláusulas, dos de ellos a tiempo parcial.
Las últimas estadísticas publicadas ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evidencian la problemática en relación a las demandas de suelo hipotecario. La ciudad cuenta con dos juzgados para estos pleitos. Uno es el del Casco Vello, que funciona desde el verano de 2017 y que se dedica a tramitar los casi 3.000 casos que registró hasta que finalizó ese ejercicio. Y el otro es el Juzgado de Primera Instancia 14, que resuelve los que entraron desde que comenzó 2018. En total, desde que arrancó el plan y hasta el pasado 31 de diciembre los dos tribunales contabilizaron un total de 5.228 asuntos, según los datos del CGPJ. En ese período los jueces dictaron 990 sentencias, de las cuales el 97%, prácticamente la totalidad, dieron la razón a los ciudadanos afectados por las cláusulas, rechazando por tanto los alegatos de las entidades bancarias.
El problema son los asuntos que se amontonan a la espera de juicio y de respuesta. Un total de 4.227 a 1 de enero de 2019, como revelan las estadísticas. Y aunque ya a cuentagotas, todavía siguen entrando nuevos pleitos. Esta situación difícil de gestionar por los tres jueces que se dedican ahora en exclusiva a estas causas -dos en el Casco Vello y uno en Primera Instancia 14- fue lo que llevó a principios de año al juez decano vigués, Germán Serrano, a solicitar al TSXG más magistrados para resolver estos pleitos. Lo hizo en un escrito conjunto con el decano de A Coruña, que pidió idéntica medida de refuerzo en su ciudad.
Una petición atendida
Y la solicitud ha sido atendida. La Sala de Gobierno del TSXG acordó publicar en la extranet del Poder Judicial la oferta de dos comisiones de servicio sin relevación de funciones, de forma que magistrados que ejercen en Galicia puedan asumir procedimientos de esta clase. La fórmula consiste en que un juez que lleve su juzgado tramite a mayores asuntos de cláusulas para ayudar a reducir el colapso. Para Vigo se ofertaron dos plazas, igual que para A Coruña. Fuentes judiciales informaron de que esta publicación ya se hizo y que ahora se debe determinar a quienes se conceden las comisiones de entre los aspirantes que se presentaron, tras lo cual solo quedará que el Ministerio de Justicia autorice y aporte la dotación económica que permita llevar a cabo esta medida de refuerzo.
La incorporación de estos dos jueces de apoyo permitiría celebrar más juicios. Y eso que no son pocos los que ya se señalan. Desde hace tiempo las dos juezas destinadas en el Casco Vello celebran audiencias previas y juicios cuatro días a la semana -ya tienen la agenda completa hasta el próximo mes de octubre y todavía existen un millar de causas pendientes de señalamiento-. Y el de Instancia 14 lo hace un mínimo de dos días.
No son pocas las voces que en el ámbito judicial se muestran críticas con el hecho de que el Poder Judicial mantenga en la actualidad este plan -está prorrogado al menos hasta que concluya 2019-. Y ello porque consideran que la medida de juzgados especializados debería dar paso a que estos casos vuelvan a ser repartidos entre los juzgados civiles de cada localidad.
