Dos juzgados de Instrucción de Vigo han decretado el sobreseimiento y exonerado al director-conservador del Parque Nacional das Illas Atlánticas, José Antonio Fernández-Bouzas, en relación con dos de las cuatro causas abiertas por la realización de obras en dos negocios y una vivienda de las islas Cíes. Ambos magistrados descartan que hubiese incurrido en delito de ordenación del territorio, a título de cooperador necesario, al concluir que él se limitó a informar favorablemente a la realización de esos trabajos por resultar compatibles con la normativa del parque nacional, sin perjuicio de que los interesados debían pedir las preceptivas licencias. Tras estos dos archivos, restan dos procedimientos judiciales por resolver vinculados con estos hechos: otro idéntico y uno más, por presunta comisión de delito de prevaricación administrativa, directamente ligado a las anteriores causas ya que lo que se investiga es la emisión de informes y autorizaciones en relación con estas obras.
Las cuatro causas parten de una investigación del Seprona de la Guardia Civil por trabajos presuntamente ilegales en edificaciones de las Cíes. Aunque en esencia los hechos son los mismos, la Fiscalía presentó cuatro querellas distintas -una por cada una de las tres construcciones y otra más por la presunta prevaricación-, que es lo que dio lugar a que se incoasen otros tantos procedimientos en diferentes juzgados de Instrucción de Vigo.
En las dos causas resueltas el director de Illas Atlánticas ha sido exonerado de responsabilidad. Uno de los autos, del Juzgado de Instrucción número 2, ya es firme, al no haber sido recurrido. Es el caso por las obras en Casa Serafín, un bar ubicado en la isla. La Fiscalía sostenía que unos trabajos realizados en la terraza de madera no contaron con autorización urbanística, municipal ni de Costas, y que la construcción se asienta en suelo no urbanizable de especial protección.
El juez no ve delito de ordenación del territorio y dicta un auto de sobreseimiento provisional en relación con todos los investigados en la causa. Argumenta que, a tenor del informe pericial, las distintas normativas permiten la rehabilitación realizada y que, por tanto, "las acciones llevadas a cabo son admisible y por ende legalizables cuando se cumplan los requisitos administrativos" -el Ayuntamiento había denegado las licencias para el cambio de tarima-. Sobre el papel que la fiscal atribuía a Fernández-Bouzas de cooperador necesario por emitir un informe favorable a esas obras, el magistrado lo descarta. Así, señala que efectivamente esos trabajos "se pueden autorizar" ya que respetaban las limitaciones que se imponen en este espacio protegido, y que el director "siempre hizo constar que dicha autorización no eximía de la obligación de contar con todas las autorizaciones necesarias".
La cubierta de una casa
El otro auto de archivo es de Instrucción 4. En este caso, el juez dicta el sobreseimiento libre solo en relación al director del parque, ya que con respecto al resto de investigados -los que encargaron la obra y los que la ejecutaron- hay pendiente una pericial. Lo que se investiga son unos trabajos de sustitución de la cubierta de Casa Carou, una vivienda de las Cíes. El magistrado, igual que en el procedimiento de Instrucción 2, no ve el proceder de Fernández-Bouzas delictivo ya que se limitó a informar favorablemente sobre esos trabajos "por ser compatibles" con la normativa del parque. Agrega que, tras recibir los informes de que las obras se realizaron "sin licencia", requirió que se acreditase la obtención de la misma y, al no acreditarse, presentó denuncia ante el Concello de Vigo. El Ministerio Público recurrió este archivo y ahora se está a la espera de lo que decida la Audiencia.
Las otras dos causas siguen abiertas, pero lo previsible es que las resoluciones judiciales no tarden demasiado. Una está en Instrucción 1, por obras en Casa Begoña, una construcción centenaria que alberga una tienda de alimentación y una vivienda. Y en Instrucción 3 está la de prevaricación. El abogado del director de Illas Atlánticas, Pablo Viana, no quiso pronunciarse sobre ningún procedimiento por respeto a las instrucciones judiciales aún abiertas.
