Tanto Abel Caballero como Carlos López Font pusieron en duda la competencia del Parlamento gallego para realizar una investigación sobre el accidente de O Marisquiño y para citar en comparecencia a cargos municipales. El alcalde hizo una encendida defensa de la autonomía local, insistiendo en que ni las actuaciones municipales ni las de sus representantes pueden ser objeto de control por parte de la Cámara autonómica.
El regidor echó mano, para sustentar sus argumentos, de la Constitución, de informes jurídicos del secretario del pleno de Vigo y del propio Parlamento y de la doctrina del Consejo de Estado, en el sentido de que los ámbitos de actuación de las administración están separados, dado que el Estado español no se rige por una estructura piramidal.
López Font, por su parte, admitió sin rodeos que acudió a la comisión porque en la citación se le "amenazaba" con el artículo 502 del Código Penal, lo que para él significa una "vulneración de los derechos fundamentales".
En todo caso, el alcalde y el concejal interpretan que se trata de una "cacería política" orquestada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que reprocharon que no fuera a Vigo el día del accidente.
Dijo el regidor que fue Feijóo quien "impuso" su comparecencia en la comisión porque pretendía "atacar a Vigo y a su alcalde" dentro de una "estrategia electoral".
