"No le encontramos una explicación, habría que estudiar cada caso y en Vigo no somos 40 afectados, sino cerca de 4.000 afiliadores además de sus familias los que quedan completamente desprotegidos". Los usuarios de la subdelegación viguesa del Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas; el equivalente para los funcionarios públicos y civiles a Muface) mostraron su desencuentro ante la sorpresiva y pronta -el plazo de cierre está previsto para antes de final de año- decisión del Ministerio de Defensa de cesar la actividad de la sede local de esta mutua, donde se realizan trámites preferentemente médicos. "Hay gente que va casi con frecuencia diaria porque tienen muchas autorizaciones que firmar o que entregar o incluso por cuestiones de asesoramiento. ¿Van a tener que irse a Pontevedra para solicitar los permisos o recetas? La oficina funciona muy bien, lleva varias décadas en Vigo y de repente nos la quitan", lamenta el ex comandante de la Marina de Vigo y de la ETEA, Carlos Sande.

La oficina local del Isfas se encarga de gestionar la solicitud de recetas médicas, incapacidades, bajas o prestaciones familiares a guardias civiles y militares, trámites que pasarán a centralizarse en Pontevedra, si bien alguno de ellos podrá realizarse a través de Internet. Precisamente la digitalización es uno de los argumentos que desde la mutua esgrimen para el cese de la actividad en la urbe. "La organización actual queda obsoleta y hay que adaptarla a las tecnologías actuales", exponían a FARO fuentes del Isfas.

Sande reconoce que son muchos los que no cuentan con posibilidad de desplazarse diariamente a la ciudad del Lérez y mucho menos emplear la vía telemática o las facturas electrónicas para llevar a cabo sus trámites. "Los afiliados ya están pensando en algún tipo de movilización, muchos están hablando con Madrid para ver si remitiendo escritos se logra mantener, pero no sé qué alcance tendremos", asevera el comandante ferrolano ya jubilado.

A esta reivindicación también se sumó el alcalde vigués Abel Caballero, quien si bien entiende que Pontevedra cuente con casi el doble de usuarios, "4.000 personas afectadas en Vigo justifican la permanencia de la oficina en la urbe". "Su cierre es una mala decisión, porque un número muy importante de personas van a tener que desplazarse hasta Pontevedra y no es conveniente. Hablaré con Defensa instándole a que revoque el cierre", manifestó el regidor.

Si bien los jubilados o efectivos retirados serán los más perjudicados por este desplazamiento y al también requerir un mayor número de trámites, los guardias civiles en activo también sufrirán las consecuencias. Así lo manifestaba un efectivo de la Comandancia del Instituto Armado en la calle Sevilla. "Acudes a las oficinas para muchos trámites, porque la Guardia Civil en régimen de la Seguridad Social está en el régimen de Isfas al igual que los militares. Una persona mayor desconectada de Internet y las redes tendrá más problemas, pero tampoco sabemos todavía cómo nos puede afectar. La cercanía no se tendrá, pero, de todas formas una buena noticia no es; y para los jubilados será mucho peor", valoraba este efectivo.