"Por primera y última vez", la presidenta de la Diputación de Pontevedra y primera teniente de alcalde del Concello de Vigo, Carmela Silva, se ha pronunciado sobre el caso del enchufe de su cuñada y por el que ha sido condenado a cinco años y tres meses de prisión un alto funcionario vigués. Lo hizo para negar que el "tema" tenga "nada que ver" con ella. "No estuve imputada ni investigada ni fui llamada a declarar", recordó y acusó al Partido Popular de orquestar una "estrategia de difamación".
La presidenta provincial ha defendido su "trayectoria intachable" y ha retado a quien dude de su "honorabilidad" a acudir a los juzgados. "Ya sabe a dónde tiene que ir y allí nos veremos", ha remarcado.
Silva ha lamentado la "estrategia de difamación" de la que considera que está siendo objeto y acusa al Partido Popular de estar detrás de ella. Denuncia las "mentiras tóxicas, de confrontación total, de intentar acabar con el adversario político tal y como si estuviésemos en una campaña bélica del PP". Sostiene que estos "juicios paralelos son propios del fascismo". Considera que esta "estrategia propia de gente con poca calidad democrática" se "idea en los despachos oscuros del señor Feijóo y del señor Rueda". Silva argumenta que lo hacen porque "están desesperados con la brutal caída del PP y les vale todo".
La primera teniente de alcalde viguesa ha insistido en que no volverá a hablar de este asunto ya que tiene que dedicarse a "gobernar para la gente y a seguir construyendo una nueva Diputación que rompa con aquella de los caciques de la política clientelar, que la convirtió en una administración de la que avergonzarse". Resaltó su "orgullo" por esta labor y añadió: "Lo de revolcarse al PP se lo dejo al PP, que es el único sitio en donde se sienten cómodos".
La dirigente de la Diputación de Pontevedra realizó estas declaraciones al día siguiente de que se conociera la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el caso del enchufe de su cuñada. El tribunal concluye que la contratación de Vanesa F.B, fue "más que irregular" y que costo 108.000 euros a las arcas municipales. Atribuye a Francisco Javier Gutiérrez Orúe, que era jefe de servicio y Participación Ciudadana del Concello, participar en un "plan" para darle empleo y le condena a cinco años y tres meses de prisión como autor de un delito continuado en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos y otro de falsedad documental. También ha sido penado con inhabilitación absoluta para el desempeño de cargo o función pública por nueve años. Al empresario que cooperó, Ramón Comesaña, le impone un año y medio de cárcel. Las defensas recurrirán el fallo, por lo que el Supremo tendrá la última palabra.
