PP y Marea coincidieron ayer, una vez conocida la sentencia que condena a cinco años de cárcel a un alto funcionario del Concello, en exigir "responsabilidades políticas" al Gobierno municipal. Tras tachar de "gravísimos" los hechos probados durante el juicio, el PP lamentó que ni el concejal del área de Empleo, Santos Héctor, ni la presidenta de la Diputación y primera teniente de alcalde, Carmela Silva, se hayan pronunciado sobre lo ocurrido. En cualquier caso -recalcan los populares- "el momento de las explicaciones políticas ya ha pasado". "Ahora es el momento de la toma de decisiones, resultando la única solución digna, posible y de respeto hacia todos los vigueses la petición pública de perdón y la dimisión inmediata de ambos cargos públicos", zanjó.
"Al margen de las responsabilidades judiciales, en este caso existen responsabilidades políticas palmarias y evidentes", apuntaba ayer el PP antes de reclamar al alcalde que exija la "dimisión inmediata para intentar mantener la honorabilidad de su gobierno y la suya propia, que en este momento está gravemente dañada".
Desde Marea de Vigo exigían también "responsabilidades políticas" al Gobierno local y "explicaciones" a Santos Héctor. Su portavoz, Rubén Pérez, incidió en que la condena a Francisco Javier G. Orúe es "grave" y recordó que el funcionario fue uno de los primeros nombrados para jefatura de área por el sistema de libre designación "nada más aterrizado Caballero al gobierno en 2007". Pérez insistió que debe abordarse en un pleno "con tiempo suficiente" la "práctica habitual" del gobierno de "colocar funcionarios del corte del concejal de turno" en puestos de responsabilidad.
