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El futuro de la mayor industria de Galicia

El Concello apremia al Gobierno a agilizar la nueva subestación eléctrica para PSA Vigo

La obra, incluida en la planificación de Red Eléctrica para el periodo 2015-2020, permitiría al centro trabajar con una tensión de 220 kV y menor coste energético - Caballero asume las gestiones con Medio Ambiente

El Gobierno central tiene sobre la mesa una solución para abaratar la factura eléctrica de PSA-Vigo: la construcción de una nueva subestación en Balaídos y su conexión directa a la línea Atios-Pazos para que la factoría pueda trabajar con una tensión de 220 kilovoltios (kV). Se trata de un proyecto ya contemplado en la planificación de Red Eléctrica en Galicia para el periodo 2015-2020 pero que no se ha llevado a cabo y que ahora el Concello y la Zona Franca pretenden recuperar para dar respuesta a una de las principales demandas de la primera industria viguesa: reducir sus costes energéticos.

El propio alcalde, Abel Caballero, se ha puesto al frente de esta demanda para gestionar con el Gobierno de España "en tiempo inmediato" la puesta en marcha de este proyecto ante las necesidades de la planta gallega. A mayor tensión, mayor ahorro. Como ejemplo, la otra subestación puesta en marcha el año pasado para GKN Driveline Vigo, también en el polígono de Balaídos, con la que pasó de una tensión de 15 kilovoltios a 132 kV, logrando un ahorro anual de más de un millón de euros, como avanzó este periódico. Lo mismo quiere PSA, aunque en su caso para llegar hasta los 220 kV, una tensión similar a la que recibe la factoría de Opel-Figueruelas (integrada en el Clúster Ibérico que ahora pilota el vigués Juan Antonio Muñoz Codina).

El proyecto ya estaba previsto, al menos sobre el papel, con el nombre Nuevo Vigo 220 kV. La planificación de Red Eléctrica para el sexenio 2015-2020 contemplaba la construcción de una nueva subestación urbana en Balaídos para "atender la demanda industrial" de PSA, con una conexión soterrada con la línea de alta tensión que discurre entre Pazos y Atios. Pero hasta la fecha no se han dado pasos y la tramitación de una obra de estas características podría tener un plazo de hasta cinco años, según fuentes consultadas. En este punto, y ante la reclamación lanzada el pasado viernes por el nuevo director de PSA-Vigo, Ignacio Bueno, que identificó la factura eléctrica como una de las principales cuestiones a solucionar con la "complicidad" del entorno -en alusión a las administraciones públicas-, Concello y Zona Franca se han puesto manos a la obra para que este proyecto pase de una vez del papel al terreno.

PSA, que tras la integración de Opel se ha convertido en la primera multinacional automovilística en la Península, ve con preocupación que el coste de la electricidad en España sea superior al de Portugal o Francia, por lo que podría ser un factor condicionante a la hora de adjudicar lanzamientos en el futuro. La escalada de precios afecta al conjunto del sector. De hecho, el pasado septiembre más de cien fábricas de componentes gallegas vieron cómo su proveedor de electricidad rescindía de forma unilateral el contrato firmado unos meses antes al no poder garantizar el precio acordado, lo que obligó a negociar in extremis con otra compañía

Este problema preocupa también a las centrales sindicales. Ayer mismo, la CIG incluía entre sus propuestas para mejorar el sector de automoción en Galicia una "tarifa industrial" a la que puedan acogerse las empresas. La central nacionalista alertó de que la comunidad tendrá este año "la tarifa eléctrica más cara de todo el Estado" y que teme que las fábricas trasladen ese coste "a nuestras nóminas". Y ponen como ejemplo a seguir la tarifa industrial vasca, que gracias a "líneas de distribución concretas" permiten ahorros de "unos 50 millones de euros al año". El proyecto Nuevo Vigo 220 kV va por esa vía: mejorar la conexión de PSA para reducir su factura eléctrica y ganar en competitividad frente a otras plantas del grupo, ya que en un sector cada vez más automatizado como el del automóvil, la energía representa una parte importante de los costes totales de fabricación. El alcalde tratará de desbloquear este proyecto con el Ministerio para la Transición Ecológica y la Secretaría de Estado de Energía.

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