"¿Qué recuerda, señora? ¿Cómo es posible que no se acuerde de dónde desempeñó su actividad laboral? ¿Trabajó usted alguna vez en su vida?". Estas palabras del magistrado que preside el tribunal que dictará sentencia en el caso del presunto enchufe de una cuñada de la presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra, Carmela Silva, se produjeron en pleno testimonio de esta mujer, Vanesa F.B. "No recuerdo" o "ni idea" eran apenas las únicas respuestas que la principal testigo contestaba a la fiscal en el juicio ante preguntas del estilo de cómo había logrado su contrato laboral, si conocía a los dos acusados o si había trabajado en el Concello de Vigo y en los centros cívicos que gestionaba la empresa concesionaria municipal Imesapi. El juez se vio obligado a intervenir varias veces. Y solo cuando le advirtió de que con esa "cómoda" postura podría acabar acusada de delito de obstrucción a la Justicia, la mujer cambió de actitud. No fue muy concreta, pero acabó relatando que Imesapi la contrató después de que ella "entregase" allí su currículum. Y que trabajó haciendo sustituciones en centros cívicos, encuestas o en servicios del Ayuntamiento como el 010 y Quejas y Reclamaciones, siempre bajo el mando de la concesionaria.

Pese a estar citada, Vanesa no compareció en la Audiencia viguesa el lunes, primer día de juicio. La sala ya había desestimado antes los alegatos que esgrimió para no ir, basados en problemas personales y de salud. Tras intentar contactar con ella telefónicamente sin éxito ni ser localizada por las fuerzas de seguridad en su casa para darle otra citación para ayer, el magistrado ordenó que fuese conducida a los juzgados por la Policía Nacional. Y así fue. Pasadas las 12.30 horas llegó a los juzgados, donde la esperaba un hermano, y entró en la sala de vistas escoltada por dos agentes. Aunque la mujer llegó a estar investigada en esta causa, fue desimputada por prescripción del delito. Por eso su declaración ayer fue en calidad de testigo, en la que, le recordó el juez, estaba obligada a decir la verdad.

Nerviosa y abstraída, la mujer reaccionó con "no recuerdo", "ni idea" o "¿perdón?" a la sucesión de preguntas. También en algún momento dijo "estar mareada" o "que le costaba entender". Aseguraba no acordarse de si había trabajado en el Concello, por ejemplo. Tampoco de "cómo había conseguido" el empleo. Pero tras ser avisada de que podía incurrir en un delito, empezó a contestar de otra manera. Contó que entregó su "currículum" en Imesapi porque alguien le contó que necesitaban personal y que, entre sus cometidos para esa empresa, estuvo hacer encuestas sobre calidad de servicios municipales: sólo las llamadas telefónicas, dijo, no el volcado de datos ni los informes finales. Y su trabajo lo hacía siempre, concretó, a instancia de Imesapi. Al ser preguntada por cómo era posible que hubiese hecho 1.000 llamadas telefónicas de encuestas en apenas unos días, contestó que nunca tuvo sensación de agobio.

Los acusados del presunto enchufe de Vanesa son el alto funcionario del Concello Francisco Javier Gutiérrez Orúe y el exjefe de Imesapi, Ramón C.A. La fiscal, en sus conclusiones finales, puso en entredicho la "credibilidad" de lo dicho por Vanesa. Calificó su declaración de "interesada", ya que "solo contestó a lo que beneficiaba" a Orúe, y destacó las "reticencias" que mostró en relación con el trabajo desarrollado en el Concello vigués.

Junto a Vanesa, ayer declararon más testigos. Entre ellos, los dos interventores municipales que revisaron los contratos menores adjudicados a Imesapi para las encuestas -según la Fiscalía, los expedientes supuestamente fraudulentos que se usaron para pagar las nóminas a la cuñada de Silva-. Ambos señalaron que no vieron "nada irregular" cuando fiscalizaron las facturas.

Y compareció la perito que revisó las encuestas supuestamente encomendadas a Vanesa. Los costes de las mismas, dijo, estaban por encima del precio del mercado. Sobre los trabajos, destacó su total falta de "rigor metodológico" y "fallos". Y estimó "muy complicado" que se hubiesen elaborado en el escaso tiempo que consta en los documentos.