La oferta de alojamiento turístico de Vigo se ha disparado en cuestión de un año. El decreto que regula los pisos para viajeros, que entró en vigor en mayo de 2017, ha hecho aflorar decenas de apartamentos repartidos a lo largo y ancho de la ciudad. Los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) muestran que en solo un año la oferta local se ha multiplicado. En 2017 el observatorio autonómico contabilizaba un solo apartamento turístico con 84 plazas y ninguna vivienda para viajeros. Doce meses después -ya con el decreto en marcha- la oferta de apartamentos se mantenía estable, pero el de viviendas se había disparado hasta sumar 135 establecimientos con capacidad para 521 personas.
La tendencia registrada en Vigo es similar a la que ha constatado el sector en otros puntos de la comunidad autónoma. En 2017 el IGE contabilizaba 200 viviendas turísticas que alcanzaban, en conjunto, las 1.214 plazas. Al año siguiente el dato había repuntado ligeramente hasta alcanzar los 236 establecimientos. El verdadero "boom", sin embargo, se constató en la categoría de "viviendas de uso turístico", que pasó de no tener ninguna representación en 2017 a sumar 4.630 negocios con 21.270 plazas.
A finales del verano el censo autonómico sumaba 6.500 inmuebles con casi 34.000 camas, nivel que se logró después de que la oferta de plazas para turistas repuntase un 12% durante los meses de julio y agosto, cuando se concentra un mayor volumen de viajeros Tras ese incremento la oferta de pisos pasó a equivaler el 60% de las plazas comercializadas por los hoteles gallegos de todas las categorías, entre una y cinco estrellas.
El afloramiento de viviendas turísticas en Vigo se ha dejado sentir en la oferta turística de la ciudad, que se sitúa ahora en niveles muy superiores a los de otros años. Tras el "boom" de pisos que siguió a la entrada en vigor del decreto autonómico, el parque de alojamiento de la ciudad se situó en 10.097 plazas, más del doble que el año anterior, cuando apenas pasaba de las 4.200. Un lustro antes, en 2013, rozaba las 6.000.
El repunte de las viviendas para turísticas en España ha obligado al Gobierno central a aplicar medidas con el fin de acotar su expansión. Una de las consecuencias más palpables de esa tendencia al alza, sobre todo en puntos turísticos con gran demanda, es el encarecimiento de los alquileres de pisos para residencia. Cuánto mayor es el beneficio que los propietarios pueden obtener arrendando sus pisos por días a turistas, menos incentivados están para alquilárselos a particulares para que las usen como vivienda.
Aunque el decreto que regula las viviendas de alquiler entró en vigor en mayo de 2017, su puesta en funcionamiento no ha estado exenta de polémica. La asociación de propietarios de pisos vacacionales (Aviturga) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) habían presentado sendas demandas que fueron desestimadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El organismo regulador insistió sin embargo en que el decreto autonómico pone "barreras injustificadas" que restringen el libre mercado y decidió recurrir al Supremo. A finales de 2018 trascendía que el alto tribunal había acordado admitir a trámite el recurso. La nueva normativa obliga a regular los pisos turísticos y detalla sus obligaciones.
