El Juzgado de Instrucción 3 de Vigo, encargado de la investigación del derrumbe del paseo de As Avenidas durante un concierto de O Marisquiño continúa con las diligencias previstas en la causa, entre ellas la ratificación de las denuncias que interpusieron un centenar de afectados por el desplome del muelle. Otro de los trámites que la jueza titular previsiblemente realice en breves será declarar la causa compleja, ya que se cumplen seis meses desde el momento de lo hechos, el pasado mes de agosto.

La complejidad de la causa lleva consigo una prórroga de la instrucción, ya que todavía restan varias pruebas de peso por recibir. Entre ellas destacan dos informes periciales encargados a ingenieros de la Universidad de Vigo -uno químico y otro mecánico especialista en estructuras-. En concreto, estas diligencias, un estudio de carga y otro de corrosión del acero, buscan determinar las causas del derrumbe así como si el paseo podía soportar la carga y peso al que fue sometido durante los eventos.

Al no contar todavía el juzgado con estas periciales, la sala deberá decretar su complejidad ya que la Ley concede un plazo de 6 meses para que la causa esté cerrada y preparada para ir a juicio, con sus correspondientes escritos de calificación. Y en este caso, especialmente en lo relativo al elevado número de afectados (un total de 487 heridos aunque no todos presentaron denuncia), todo apunta a que será necesario decretar esta medida.

También a nivel judicial, la magistrada a cargo del caso, que se sigue por un presunto delito de lesiones, ordenó la disposición de piezas separadas para la reclamación pecuniaria que pudiera corresponderle a cada afectado, lo que también prevé alargar la instrucción.

Una de las últimas medidas decretadas por la jueza fue ordenar la retirada del precinto judicial que pesaba sobre el paseo hundido frente a la delegación de la Xunta en la ciudad. La magistrada dejó en manos del Puerto su derribo o reconstrucción al "no ser seguro para su uso" y encontrarse "dentro del dominio público y , por tanto, de propiedad estatal", con independencia de la orden de 2015 que aprueba las limitaciones de espacios y usos del Puerto vigués. Si bien la titular de la sala dejó "al margen" las posibles responsabilidades penales, civiles o administrativas "que pudieran derivarse del resultado de la instrucción de la presente causa".