La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, iniciará este martes 22 de enero el juicio por el presunto "enchufe" de una cuñada de la presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra, Carmela Silva, en una de las empresas concesionarias del Concello de Vigo. La sala reservó esa jornada y la del miércoles para la vista oral, que sentará a dos acusados en el banquillo: Francisco Javier Gutiérrez Orúe, que era jefe de servicio de Participación y Atención Ciudadana en el Ayuntamiento, y el administrador de Imesapi, Ramón C.A. El fiscal pide que sean condenados a 8 y 7 años de cárcel, respectivamente, en un procedimiento que se sigue por la presunta autoría de un delito continuado de prevaricación -éste solo se le atribuye al alto funcionario municipal-, otro de malversación y otro más de falsedad documental.
El alto funcionario municipal afronta también inhabilitación para empleo o cargo público. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal demanda que, de forma conjunta y solidaria con el otro acusado y con la responsabilidad subsidiaria de Imesapi, indemnicen al Concello en algo más de 108.000 euros. La acusación pública considera que se "ideó un plan" para lograr que el Ayuntamiento vigués diera ocupación laboral a la familiar de Silva, contrato que finalmente se realizaría.
