El volumen de demandas judiciales de materia laboral no cesa. Mientras en otras jurisdicciones la actividad desciende, como ocurre en la penal, o se mantiene en términos similares, como sucede en la civil, en los juzgados de lo Social de Vigo hubo un repunte. No es demasiado elevado, pero resulta significativo en una época como la actual en la que ya se superaron los peores efectos de la crisis económica. Los cinco tribunales, que tienen el apoyo de una sala de refuerzo, registraron en 2018 casi 5.500 asuntos. Prácticamente 1.500 más de los que deberían asumir, según los módulos que recomienda el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este exceso de procedimientos, así como los efectos de la huelga de funcionarios judiciales que ocho meses después de su conclusión siguen latentes, ha provocado en algunos tribunales una severa demora en la celebración de los juicios. Uno de estos juzgados, de hecho, ya está fijando vistas orales en enero de 2020. A un año vista.

Los juzgados que llevan materia laboral alcanzaron cifras de récord en plena crisis. El peor año fue 2009, cuando entraron la friolera de casi 7.000 demandas. Con ligeras variaciones en los ejercicios siguientes, la litigiosidad cayó de forma importante en 2015, que se cerró con poco más de 5.000 casos. Pero este descenso no se ha mantenido. En 2016 hubo una nueva subida que se atenuó al año siguiente, con una pequeña bajada. Y en el 2018 que acabamos de cerrar ha vuelto a producirse un repunte, con un centenar de pleitos más, lo que sitúa el total de asuntos en 5.480.

Esta tendencia demuestra que la elevada litigiosidad laboral no es en Vigo una problemática puntual. "La ciudad tiene mucha actividad empresarial, y eso inevitablemente genera actividad judicial", valora el juez decano vigués, Germán Serrano, que a la vez es titular del Juzgado de lo Social 2. Junto a este contexto general, hay otras cuestiones que explican el alto número actual de causas. Por ejemplo, persisten los litigios instados por personal laboral de las administraciones públicas por la vía de reconocimiento de derecho o para pleitear contra su cese, que aumentaron a raíz de varias sentencias europeas. Y sigue el goteo de demandas de emigrantes gallegos retornados de Venezuela por los impagos de las pensiones en aquel país.

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Ya analizando el tipo de litigios, los más frecuentes son los referentes a salarios y cantidades. Fueron casi 1.500. En segundo lugar están los despidos. Hubo 1.006 demandas, casi tres diarias. Y, tras éstas, también forman parte del día a día de estos tribunales los litigios de incapacidades, Seguridad Social o los relativos a accidentes de trabajo o enfermedad profesional.

El alto número de asuntos y el impacto que tuvo la huelga de funcionarios de 2018 en estas salas han afectado a la agenda de juicios. Algunos juzgados van al día, como es el caso del Juzgado de lo Social 2, que está fijando las vistas para marzo y abril de este mismo año. Pero en otros tribunales el escenario no es precisamente este. El que se encuentra en peor situación es Social 3, que ya señaló juicios para enero de 2020. En el caso de las materias urgentes como los despidos -siempre se dejan huecos libres para estas causas-, las que están entrando ahora en esta sala no se podrían celebrar antes de finales de mayo. El tribunal de refuerzo, mientras, también tiene la agenda de este año bastante llena de señalamientos.